El Gobierno informa hoy al Congreso sobre exportaciones de material de defensa, que aumentaron un 25% en 2022

Los socios parlamentarios habituales pedirán cuentas por las ventas a Israel, que compró productos por valor de 9,2 millones de euros

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, comparece este martes en la Comisión de Defensa del Congreso para presentar el informe de exportaciones de material de defensa y doble uso correspondiente a 2022, que muestra que las ventas se incrementaron en un 24,3% ese año con Arabia Saudí como uno de los principales clientes, el primero no europeo.

En concreto, las exportaciones de material de defensa alcanzaron un importe de 4.091,3 millones de euros en 2022, frente a los 3.290,2 millones de euros del año anterior. Esos más de 4.000 millones vendidos representan el 38,8% de todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que superaron los 10.000 millones.

LOS PRINCIPALES MERCADOS

El informe también detalla los principales mercados de la exportación española de material de defensa. Las exportaciones a países de la Unión Europea (UE) representaron un 48,5% del total, con un valor de 1.980,2 millones de euros.

Las expediciones a países OTAN supusieron un 61,1% con valor de 2.501,2 millones de euros. Las ventas restantes, una vez descontadas las exportaciones a países de la UE y de la OTAN, representaron un 37,9%, con 1.548,8 millones de euros, según el trabajo.

Fuera del ámbito de los países pertenencientes a la UE y la OTAN, Arabia Saudí destaca como el país que más material de defensa ha abonado, por valor de 858,3 millones de euros.

Por otra parte, Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y BNG, socios parlamentarios habituales del Gobierno, tendrán oportunidad de reclamar cuentas al Ejecutivo por la venta de material de defensa y armamento a Israel, un asunto que les genera malestar por el recrudecimiento en octubre del conflicto con Hamás, que ha comportado una ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania que tildan de «genocidio». Según el informe, ese año Israel recibió material de defensa por valor de 9.292.435 euros.

Los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez han reclamado en múltiples ocasiones que suspendan las exportaciones y el envío de armas a Israel, mientras que el Gobierno recalca que España no cierra acuerdos de este tipo con el Estado hebreo desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que Hamás lanzó la ofensiva que ha causado la respuesta israelí contra la Franja de Gaza y Cisjordania. Más de 30.000 personas han muerto ya en la contraofensiva.

El Gobierno de Sánchez y los socios parlamentarios han tachado de desproporcionada la respuesta, que, a su juicio, tampoco se ajusta al Derecho Internacional ni respeta los Derechos Humanos. El jefe del Ejecutivo ha pedido reiteradamente un alto el fuego permanente en Gaza y trabajar por la solución de los dos Estados para hacer viable que la población palestina y la israelí convivan pacíficamente.

LICENCIAS YA CONCEDIDAS

La última vez que el Gobierno se refirió a la venta de armamento a Israel fue la semana pasada, durante la sesión de control en el Congreso, en una pregunta que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dirigió al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La morada recordó que la ley que regula el comercio de armas «establece explícitamente» la suspensión o denegación de «cualquier transferencia de material de defensa cuando existan indicios racionales de que se pueden estar vulnerando los Derechos Humanos», requisito que, según denunció, se cumplen.

También acusó al Ejecutivo de «mentir» por continuar vendiendo armas a Israel en diciembre, según publicaciones en medios de comunicación, y ha reprochado también que España les compre material. «Nuestro dinero va directamente a financiar un genocidio», afirmó la dirigente de Podemos.

De su lado, Cuerpo recalcó que el Gobierno «no ha concedido ninguna licencia de exportación de armamento o de equipamiento que pueda ser utilizado en el conflicto a Israel desde el día 7 de octubre». Sobre el envío de diciembre, justificó que la licencia fue concedida antes de la fecha mencionada y clarificó que se trata de «una reexportación que termina en Filipinas». Así, aconsejó a Belarra «ir un pelín más allá».