El Gobierno indultará parcialmente al denunciante de la Gürtel , José Luis Peñas
La pena de cárcel ya fue liquidada este mes por la AN y ahora podrá mantener su puesto de funcionario
El Consejo de Ministros prevé este martes acordar el indulto parcial al denunciante de la Gürtel , José Luis Peñas, que fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 5 años y 3 meses de prisión, 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta, 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multas.
Tal y como adelanta ElDiario.es y confirman a Europa Press fuentes gubernamentales y de la defensa del exconcejal del PP, tras 17 años desde la denuncia y de destapar la trama, este martes llega al Consejo de Ministros. Apuntan que este indulto parcial le permitirá mantener su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
Precisamente, el pasado 14 de octubre la Audiencia Nacional acordó dar por finalizada la pena de prisión impuesta a Peñas después de que en abril hubiera decidido suspender por tres años la misma.
Ya en 2021, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo informó favorablemente a la concesión de un indulto parcial al denunciante de la Gürtel y remitió informe al Ministerio de Justicia indicando que apoyaba que se conmutaran las dos penas de inhabilitación absoluta a las que Peñas fue condenado por dos penas de inhabilitación especial, de idéntica duración que las conmutadas, para cargos públicos de libre designación o elección.
La Sala tenía en cuenta para su decisión el criterio del fiscal, que respaldaba la concesión del indulto parcial a José Luis Peñas, atendiendo a razones de justicia, equidad y utilidad pública, requisitos que exige la Ley del Indulto, y al arrepentimiento del solicitante.
Además, el fiscal expresaba en su informe la falta de protección de los denunciantes en España, a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado en el que la figura del whistleblower (delator o arrepentido) es reconocida y protegida.
Asimismo, valoraba la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
AFLICCIÓN DESMEDIDA
El informe del Ministerio Público destacaba que el cumplimiento de inhabilitación absoluta en el caso de Peñas significaría la pérdida de su trabajo, lo que supondría para él una aflicción desmedida e innecesaria.
En cambio, consideraba que el indulto parcial, conmutando las penas de inhabilitación absoluta por dos de inhabilitación especial, le permitiría no perder la condición de funcionario público y seguir en el desempeño de sus funciones como ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid.
BOLAÑOS DICE QUE FUE FUNDAMENTAL PARA DESTAPAR EL CASO GÜRTEL
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el indulto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que el indulto fue solicitado por el propio interesado que, según ha recordado, presentó una denuncia en el año 2007 ante la Fiscalía Antocorrupción que dio inicio a la investigación de la trama Gürtel.
Esta denuncia dio lugar a «multitud de sentencias y de condenados» en una trama de corrupción que, a juicio del ministro, fue la «más importante en la historia de la democracia» en España.
«La labor de José Luis Peñas fue fundamental para poder investigar y para poder enjuiciar una trama de corrupción tan compleja, tan sofisticada, tan organizada, tan sistémica como fue la trama de corrupción Gürtel», ha remarcado.
Bolaños explica que se trata de un indulto parcial, de modo que la inhabilitación absoluta para cualquier cargo público que pesaba sobre él se convierte en una inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación, de modo que podrá incorporarse a su puesto de trabajo como funcionario y «podrá reanudar su vida profesional con normalidad» con la condición de no volver a cometer delitos dolosos en el plazo de seis años.
El ministro considera que con este indulto se envía el mensaje de que «quien colabora con la Justicia tiene el reconocimiento y el apoyo del Gobierno de España». Además ha remarcado que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía y no se han producido alegaciones por parte del Ayuntamiento de Majadahonda.
