El Gobierno ha pagado 5,7 millones en un año por los derribos, el 58% de las indemnizaciones
El Gobierno de Cantabria ha pagado más de 5,7 millones en un año a los afectados por derribos, lo que supone el 58 por ciento del total de las indemnizaciones abonadas desde 2020.
En concreto, entre julio de 2023 y el mismo mes del presente ejercicio el desembolso ha sido de 5.769.712 euros, de los que 4.200.000 corresponden a lo que va de 2024. Al acabar este año, el abono se elevará a 9 millones, el montante anual del Fondo de Derribos, en el que restarían en diciembre 6 millones.
Pero esa cuantía se verá incrementado en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma con una nueva aportación, según ha avanzado este lunes el consejero de Fomento, Roberto Media, en declaraciones a los medios tras reunirse con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Durante el encuentro, representantes de la Consejería y de los afectados han repasado avances y situación actual en los cuatro municipios de la región en los que hay viviendas condenadas a la demolición.
Así, según ha explicado el también titular de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en Escalante se ha enviado a todos los propietarios del edificio Las Torres una carta para que comuniquen si aceptan o no una de las 15 viviendas de sustitución previstas.
La obra del nuevo inmueble saldrá a concurso en las próximas dos semanas por importe de 2,3 millones. «Ya está el proyecto constructivo, ya están las licencias y en cuanto esté el pliego acabado, que calculamos que van a ser unos 15 días, saldrá ya la licitación», ha indicado Media.
Mientras, en Argoños, las tres viviendas de sustitución estarán acabadas para el 24 de enero, toda vez que ya está ejecutada la obra al 60%. En este municipio se han creado comisiones en dos urbanizaciones, Pueblo del Mar y La Llama I, para mantener reuniones en las que tratar temas más concretos, algo que «posiblemente» también se haga en Liencres, en el municipio de Piélagos.
Y en el de Arnuero se ha aprobado una modificación del proyecto inicial, que conlleva una inversión de 7,7 millones, por lo que la obra, que estaba previsto que acabara el 2 de octubre, «posiblemente» termine a mediados de noviembre, ha apuntado Media.
En el encuentro, en el que entre otros ha participado el presidente de AMA, Antonio Vilela, se ha abordado la novación de los convenios firmados hace ocho años entre la administración y los afectados.
Para ello, se va a crear una comisión técnica entre los abogados de la plataforma y los técnicos de la Consejería y se ha fijado una reunión en octubre de cara a alcanzar un acuerdo sobre cómo se van a llevar a cabo esas novaciones.
Por lo demás, Gobierno y afectados de Argoños siguen pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Si el fallo es favorable a los intereses de la administración, se empezaría a trabajar en la legalización de viviendas tras la aprobación del plan general del municipio, ha señalado Media.
ESTE AÑO TIENE QUE HABER SOLUCIONES REALES
Por su parte, Vilela ha recordado que los afectados por las viviendas con sentencia de derribo llevan «mucho tiempo» pidiendo una soluciones y ha destacado la importancia de una hoja de ruta , con fechas y compromisos, y la creación de comisiones para analizar las soluciones «urbanización por urbanización».
También ha valorado la novación de los convenios suscritos, entre otras cosas para cumplir el mandato del Parlamento regional y que se puedan aplicar «lo antes posible» para reparar el daño causado.
«Creemos que en este año tiene que haber soluciones reales para los afectados, soluciones que estén y que se puedan ver y que sean tangibles», ha manifestado el portavoz de AMA. «No podemos seguir toda la vida con la espada de Damocles, esperando que la administración repare el daño causado», ha concluido.
