El Gobierno firma un convenio para reforzar la seguridad jurídica en las ventas judiciales de buques
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha firmado este miércoles en Malta el convenio sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, cuyo objetivo es establecer entre los Estados participantes la transmisión de la propiedad libre de cargas para el comprador y el efecto transfronterizo automático de la venta judicial de un buque.
España se suma a los países que ya firmaron en el primer acto de firma que tuvo lugar en Pekín en 2023, por lo que se dará soporte documental a los nuevos propietarios de buques ante la autoridad de otro Estado, permitiendo que los buques puedan navegar y atracar en puertos de Estados contratantes del convenio libres de ser embargados.
El Gobierno defiende que esto aporta seguridad a las compradores para poder participar en subastas judiciales sobre los buques, lo que incrementará el precio de la venta y un mayor número de acreedores verán satisfechos sus créditos con el producto de la venta.
La venta judicial de un buque es la etapa final de cualquier procedimiento judicial en el que se reclaman deudas marítimas al armador o al propietario. Terminado este proceso, es el buque el que debe saldar las deudas pendientes, de manera que al producirse la venta, las diferentes jurisdicciones deberían reconocer la cancelación de todos los gravámenes que pudieran recaer sobre el buque.
El problema surge cuando los tribunales de otro país no reconocen la venta judicial del buque llevada a cabo en otro Estado y proceden a su embargo por deudas anteriores a la fecha de adquisición por el comprador. Esto es debido a que las leyes nacionales de los diferentes países varían en la forma en que regulan la venta judicial.
«Por tanto, la rúbrica de este convenio que hoy ha tenido lugar en Malta trata de paliar esta situación de inseguridad jurídica en el ámbito internacional y proporcionará un título de propiedad limpio de toda carga económica o deuda anterior a la compra del buque», defiende el Ministerio de Transportes.
