El Gobierno extiende la prórroga de contratos de alquiler y la moratoria de rentas hasta el 9 de mayo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda en los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda hasta el final del estado de alarma (9 de mayo), en virtud del acuerdo alcanzado entre Unidas Podemos y PSOE en el seno del Gobierno de coalición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la extensión de estas medidas para el alquiler se recoge en el real decreto ley de prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al 31 de mayo y forman parte del «escudo social» que busca proteger a las personas con más dificultades por la crisis y los colectivos más vulnerables.

«Intentamos seguir teniendo en plena vigencia que nadie se quede atrás y que los que necesitan una mayor capacidad de ayuda la puedan obtener del conjunto de poderes públicos», ha remarcado Montero.

Concretamente, la prórroga de los contratos de alquiler podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Según adelantaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Fomento, esta medida solventa la «anomalía transitoria» de aquel inquilino que ve finalizado su contrato de arrendamiento y en un contexto de movilidad condicionada o reducida, y de actividad y rentas arrendaticias en el sector del alquiler afectadas por la crisis, debiera buscar activamente otra vivienda para arrendar.

En España el arrendador del 85% de las viviendas en alquiler es una persona física, y su vulnerabilidad, en su caso, ha de ser protegida en paralelo a la del arrendatario, garantizando el equilibrio entre ambas partes», subrayan desde Fomento.

En cuanto a la moratoria de la deuda arrendaticia, se regula una aplicación automática de la misma en caso de grandes tenedores, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, y empresas o entidades públicas de vivienda, hasta la finalización actual del estado de alarma.

De esta forma, se aplaza temporal y extraordinariamente el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

Si este acuerdo no se hubiese producido, el arrendador podrá optar entre las siguientes alternativas: una reducción del 50% de la renta arrendaticia, con un máximo en todo caso de cuatro meses; o una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

Unidas Podemos había reclamado a su socio de Gobierno que se ampliara el periodo de duración de diversas medidas del denominado escudo social frente a la pandemia, así como recuperar algunas de las iniciativas que se impulsaron durante la primera ola del Covid-19. Todo ello debido a la «gravedad» del escenario que se avecina en los próximos meses ante la tercera ola.

Desde Unidas Podemos han mostrado su satisfacción por la próxima aprobación, tras semanas de intensa negociación con el PSOE, de la prórroga hasta el mes de mayo de las principales medidas, cuyo plazo acababa el próximo 31 de enero.

Para la formación morada, estas medidas eran «absolutamente necesarias» para garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma, y aseguran que hubiera sido «incongruente» pedir a la población que procure evitar desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales, sin asegurar que toda la ciudadanía cuenta con un hogar.