El Gobierno evita marcar líneas rojas para la tramitación parlamentaria de la Ley de Secretos, incluidos los 50 años

Robles acepta que la negociación con otros partidos puede modificar el número de años de clasificación o «la naturaleza de los asuntos»

El Gobierno evitará marcar líneas rojas para la negociación parlamentaria de la nueva Ley de Información Clasificada que relevará a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 e insiste en sus llamamientos a sumar el mayor consenso posible, para lo que se muestra abierto a negociar incluso el plazo de 50 años impuesto para la desclasificación de los documentos más confidenciales.

EL anteproyecto de Ley aprobado este lunes por el Consejo de Ministros marca en 65 años el plazo máximo durante el cual podrá permanecer secreta una información. En concreto, para los documentos calificados como alto secreto se fija un plazo de 50 años, prorrogable otros 15; la información secreta lo será por 40, más diez de prórroga; la confidencial entre siete y diez años y la restringida entre cuatro y seis.

Estos plazos, sumado a la creación de la figura de una autoridad encargada de decidir sobre la desclasificación que recae en el Ministerio de la Presidencia, ha cosechado críticas de toda la oposición, empezando por Unidas Podemos, socio de Gobierno.

Por ello, desde el ala socialista del Ejecutivo se han reiterado esta semana los mensajes recordando que se trata solo del primer paso de la Ley y es necesario llegar a un texto final que contente a la mayor parte del arco político para que sea perdurable en el tiempo.

«Es una ley absolutamente imprescindible, estábamos con un texto de 1968, era una exigencia de la OTAN y además los ciudadanos tienen que conocer su propia historia», remarca la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, Robles rechaza cualquier debate sobre el poder que la Ley concede a cada Ministerio e insiste en que lo importante es avanzar sobre un texto que procedía del franquismo para facilitar el conocimiento de hechos relevantes de la historia de España.

Ella pone especial énfasis en el caso de los GAL, en cuya lucha estuvo directamente implicada como secretaria de Estado de Interior en los años 90. «Para mi es una cuestión personal, sería muy importante que como consecuencia de la aprobación de la ley se desclasificaran documentos como los que hacen referencia al GAL. O al 23-F», reconoce.

MODIFICAR LOS AÑOS O LA NATURALEZA DE LOS ASUNTOS

Por ello, no cierra la puerta a que el debate en el Congreso pueda rebajar el tiempo que haría falta para la desclasificación de estos documentos, ya que según la actual redacción aún quedarían dos décadas para poder conocer la información sobre los GAL. «Por eso tiene que haber en el trámite parlamentario varias enmiendas que pueden venir desde el número de años o también la naturaleza de determinados asuntos», acepta.

Robles insiste en que el texto legislativo debe compaginar la seguridad nacional con el derecho que tienen los ciudadanos «a conocer su historia». Y remarca en que «lo más importante» es que coseche «el máximo consenso parlamentario». «Estoy segura de que toda la andadura que le queda por hacer a este Anteproyecto de Ley se va a mejorar y en el Parlamento habrá todo tipo de enmiendas que contribuirán a mejorar», insiste.

Sin embargo, dice que aún no ha habido contacto con la oposición y tampoco ella ha hablado con nadie del Partido Popular para abordar el asunto, a diferencia de otras ocasiones en temas relacionados con Defensa. En cualquier caso, se muestra «segura» de que los populares , «como partido de Estado», harán sus aportaciones como el resto de partidos para lograr un texto «con vocación de futuro».

«Lo que sí tiene claro el Gobierno es que era una Ley absolutamente imprescindible, necesaria, que no podemos estar con una ley del franquismo y tenemos que tener un modelo equiparable al de otros países de la Unión Europea y de la OTAN», zanja.

«TODO ES NEGOCIABLE»

El mismo mensaje trasladó este miércoles el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que reconoció que los plazos de desclasificación que recoge el Anteproyecto son aquellos que se marcaron en el Consejo de Ministros pero «todo es negociable» y cabe la posibilidad de que la negociación parlamentaria los modifique.

En cualquier caso insistió en que su aprobación es «absolutamente imprescindible» porque es una de las pocas leyes que perviven desde el franquismo y «hay páginas de la historia de España que es bueno que la sociedad en su conjunto conozca».

Pese a esto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, calificó de «razonables» estos plazos cuando presentó el anteproyecto tras su aprobación en Consejo de Ministros. Según explicó, en Europa hay países que no fijan periodo temporal alguno para la publicación de este tipo de documentos como Dinamarca, Francia, Italia o Bélgica; mientras que en Suecia, por ejemplo, se establece en 70 años, y en Alemania en 30 para los de alto secreto, secreto y confidencial.

Además, de manera alternativa, se podrá clasificar información en función de hechos futuros ciertos o previsibles como el fin de un conflicto bélico o el fallecimiento de una persona.