El Gobierno estudia «mejoras» para la prórroga del decreto contra las consecuencias de la guerra
Cuenta con prorrogar la bonificación de 20 céntimos al combustible, ayudas para sectores desfavorecidos y el apoyo a los más vulnerables
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha afirmado este martes que actualmente los distintos ministerios están analizando el decreto vigente contra las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, evaluando «posibles mejoras» a incluir de cara a su prórroga.
«En estos momentos, los distintos departamentos analizan el decreto vigente y, en el mismo espíritu, ver sus posibles mejoras y analizar todo aquello que ha salido bien para dar la respuesta adecuada en el momento que haya que aprobar este nuevo decreto a final de mes», ha explicado la portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Aún con tres semanas por delante de vigencia del decreto actual, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo está en «fase de valoración y análisis», pero ha remarcado que el objetivo es «preservar el espíritu» de la norma ya aprobada.
Así, el Ejecutivo pretende amortiguar el golpe de las consecuencias de la guerra en la «inmensa mayoría» de los ciudadanos, con medidas como la bonificación de 20 céntimos al combustible. Además, pretende paliar el impacto en los sectores más desfavorecidos por la guerra, desde los transportistas hasta los agricultores, o proteger a los más vulnerables, con los bonos térmicos y eléctricos.
«No conviene aventurarse y hay que ser prudentes en las decisiones», ha recalcado, no obstante, la portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa.
NEGOCIACIONES DENTRO DEL GOBIERNO DE COALICIÓN
En plenas negociaciones para su prórroga, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha manifestado que es «partidaria» de «dar un paso más», implantando un impuesto extraordinario para las eléctricas, y tener en cuenta nuevos factores en un nuevo marco normativo.
Así, se ha mostrado partidaria de bonificar el transporte público como uno de los aspectos fundamentales, así como tener en cuenta la renta en los descuentos de carburantes.
Del mismo modo, el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, ya ha remitido dentro del Ejecutivo su propuesta de mejora del decreto anticrisis, que incluye el despliegue de un abono transporte mensual de 10 euros financiado a través de un fondo extraordinario dotado con 560 millones.
Además, el documento aboga por extender la cobertura del bono social eléctrico, la prohibición estructural de cortes de suministros energéticos y elevar de inmediato las pensiones no contributivas un 15%, para que esta revalorización de dichas prestaciones llegue a sus beneficiarios el próximo mes de julio.
