El Gobierno estima en 2,73 millones el coste de su primer plan de choque en el campo

El Gobierno cuantifica en 2,73 millones de euros el coste que asumirá en su plan de choque con las medidas más urgentes para afrontar la crisis del campo, básicamente para asumir el coste en bonificaciones de la conversión de los contratos en el sector primario.

Así consta en la memoria de impacto presupuestario de este decreto ley, al que ha tenido acceso Europa Press, donde describe cómo la gran mayoría de medidas recogidas en la norma tendrán un impacto presupuestario neutro, por no suponer una mayor afectación de gasto, o provocar una compensación equivalente en los ingresos.

Así, en el cambio de criterio para asignar ayudas a jóvenes agricultores, la menor tributación en el año en que se recibe la ayuda se compensa, argumenta el Gobierno, con la mayor tributación de ejercicios fiscales siguientes.

La estimación realizada parte de un rendimiento neto esperable en un joven agricultor recién incorporado, con una ayuda media bruta de 27.795 euros y un total de 13.000 beneficiarios por cuatro años, período en que la propuesta prevé redistribuir la ayuda.

CON CARGO AL SEPE

Respecto al coste de la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos, el Gobierno señala que las bonificaciones se financian con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), pero no prevé un incremento de la dotación establecida.

En 2019, remarca el Gobierno, se celebraron 3.975 conversiones de contratos eventuales en indefinidos, lo que supuso un gasto en bonificaciones de 2.046.544 euros. Considerando estos datos, estima que el coste anual de aplicar la medida contemplada en el decreto ley supone 2.730.000 euros.

En el caso de la reducción de peonadas establecida por el Gobierno para poder acceder al subsidio y la renta agraria, el Gobierno aduce que su impacto presupuestario ya está recogido en las propias cuentas del Sepe, pues la finalidad de la reducción es la de permitir el acceso a la protección a trabajadores que ya hubieran sido beneficiarios, de no haberse producido el descenso de actividad provocado por las lluvias torrenciales.

Sobre el subsidio, el Ministerio de Agricultura señala que se trata de una prestación «a extinguir», a la que no se pueden incorporar nuevos trabajadores agrarios por cuenta ajena que no hubieran percibido dicha ayuda antes de abril de 2003, exigiéndose además haber sido perceptor dentro de los tres años anteriores a la solicitud.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA RENTA AGRARIA

Para acceder a la renta agraria, se exige el empadronamiento durante 10 años en ámbito geográfico, en alta o situación asimilada ininterrumpida en los 12 meses naturales anteriores a la solicitud y, si es mayor de 45 años, se exige haber permanecido en alta o situación asimilada al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social entre 5 o 20 años, según su edad.

En 2019, el gasto de los subsidios agrarios (renta agraria y subsidio REASS) supuso 400 millones (314 millones de nómina y 86 millones de cotización) en el caso de la renta agraria, y 583 millones (457 millones de nómina y 126 millones de cotización) en el caso del subsidio agrario. En términos comparativos, el Gobierno señala que, atendiendo a los datos registrados desde 2015, el número de personas beneficiarias ha tenido muy pocas variaciones, igual que las altas reconocidas.