El Gobierno dice que la seguridad ciudadana no es competencia exclusiva estatal y niega cesión en puertos y aeropuertos

Diferencia la cesión del «traspaso» o «distribución» de funciones y alega que se cumple la Constitución y estatutos de Cataluña y Euskadi

El Gobierno ha explicado que la seguridad ciudadana no es una competencia exclusiva de titularidad estatal y que, por tanto, «no existe ninguna competencia que se haya cedido a ninguna comunidad autónoma», al ser preguntado por el acuerdo para el despliegue de Ertzaintza o los Mossos d Esquadra en los puertos y aeropuertos del País Vasco y Cataluña.

Así ha contestado el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito fechada el 10 de febrero, consultada por Europa Press, en la que el PP reclamaba información sobre la negociación para «ceder competencias de seguridad a la Ertzaintza y a los Mossos en los puertos y aeropuertos del País Vasco y Cataluña».

NO EXISTE JURÍDICAMENTE LA CESIÓN DE COMPETENCIAS

«Es conveniente aclarar, en primer lugar, que en el marco constitucional actual que conforma el Estado autonómico español no existe concepto alguno, ni jurídico, ni político, de cesión de competencias», señala el Ejecutivo en su respuesta al PP.

El Gobierno añade que las competencias «se traspasan» atendiendo al artículo 147.2.d) de la Constitución, mediante real decreto. «O en el caso excepcional de que la competencia sea de titularidad estatal se delegan mediante Ley Orgánica, lo que no es el caso de la seguridad ciudadana», matiza.

«Por tanto, no existe ninguna competencia que se haya cedido a ninguna comunidad autónoma y, además, no puede haberla», enfatiza el Ejecutivo, que se remite al «modelo de seguridad pública previsto en la Constitución Española y desarrollado en la Ley Orgánica 2/1986 sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», así como en los estatutos de autonomía de Cataluña y Euskadi.

Este es el marco jurídico regulatorio, continúa el Gobierno, de la «distribución de competencias entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los espacios portuarios y aeroportuarios».

En lo referente a las competencias en puertos y aeropuertos, el Gobierno sostiene que «no existiendo ninguna modificación del modelo, ni se contempla», por lo que tampoco existe «un menoscabo de las competencias cuyo específico desempeño en la mencionada legislación aplicable reserve en exclusividad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)».

UNIDADES DEL SEPRONA

El Gobierno alude a continuación a «criterios de coordinación» cuando existen funciones consideradas comunes debido a que el PP mencionaba el caso de las unidades del Seprona de la Guardia Civil, al entender que están «desmantelando», recurriendo parea ello a las críticas de asociaciones profesionales del Instituto Armado.

Sobre esta cuestión, el Ejecutivo se remitía a las decisiones de la Dirección General de la Guardia Civil para «conseguir el máximo aprovechamiento de la capacidad operativa» del Seprona, aludiendo a una «redistribución de los recursos disponibles que mejore la prestación de los servicios, sin disminuir dichos recursos».

Respecto a la situación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejecutivo indicaba que las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil «se hallan en un continuo proceso de análisis y dimensionamiento del despliegue de su catálogo de puestos de trabajo».

El objetivo, concluía la respuesta por escrito, es atender a una «mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios al ciudadano, teniendo en cuenta el marco de incremento de las plantillas en más de 14.000 efectivos en los últimos seis años».