El Gobierno destina 8.844 millones para políticas agrícolas y pesqueras, un 5,2% más
El Gobierno destinará un total de 8.844 millones de euros durante el próximo año a políticas de agricultura, pesca y alimentación, un 5,2% más, de los que 504 millones de euros proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (MRR), según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
En concreto, los esfuerzos para 2022 se centran en contribuir a una transformación digital, justa, equilibrada, sostenible e inclusiva del medio rural, y a la generación de oportunidades de vida, trabajo y emprendimiento que resulten atractivas e igualitarias, especialmente para fomentar la instalación de jóvenes, mujeres y talento en el territorio, y contribuir a paliar el fenómeno de la despoblación.
El presupuesto de la política de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha elaborado manteniendo la prioridad sobre las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, estando la presupuestación, según el Ejecutivo, enfocada a apoyar a la ciudadanía, a las empresas y a los sectores que se han visto más afectados en orden a consolidar un modelo de crecimiento económico equilibrado, inclusivo y duradero.
Las líneas de actuación en el sector agrario y alimentario van dirigidas al desarrollo del medio rural, a programas de consolidación y mejora de regadíos, a la regulación de los mercados, a la mejora de la competitividad y calidad de la producción, a la prevención y mejora de la sanidad y prevención de los riesgos en las producciones, principalmente a través del apoyo a los seguros agrarios y pesqueros, y el control alimentario.
En el ámbito pesquero, las materias de ejecución de esta política se dirigen a la protección y conservación del mar, a la participación en la planificación de la política de investigación en materia de biodiversidad de los ecosistemas marinos, a la gestión y explotación sostenible, a la protección de los recursos pesqueros, a la comercialización y transformación de los mismos y a la investigación en la materia.
El Gobierno destaca que los grandes retos a los que se enfrenta esta política pasan por mejorar la posición de los productores a lo largo de la cadena alimentaria frente a la erosión cada vez más importante de los márgenes de los agricultores, en el marco de unas relaciones «más justas y más equilibradas» para todos los operadores, reforzando una mayor concentración de la oferta para avanzar en la posición de los productores de cara al conjunto del mercado.
Además, la calidad de los productos es un factor adicional de incremento del valor de las mercancías, siendo muy positivo de cara a la competencia, pero también en cuanto a los factores medioambientales y sociales, al exigirse cada vez más un comercio justo, sostenible y que respete los recursos y los medios naturales.
Por otra parte, la investigación y el desarrollo vinculados al sector agroalimentario están directamente relacionados con su futuro, al situarlo en un marco totalmente distinto desde el punto de vista de la competencia.
INCORPORACION DE LOS JOVENES
Aunque conseguir que los jóvenes se mantengan o accedan por primera vez a la actividad agraria, en muchos aspectos va más allá de la política agraria como tal, el Ejecutivo ha resaltado que supone un aspecto fundamental para conseguir un relevo generacional que permita el mantenimiento de la actividad en las zonas rurales.
Dentro de los aspectos sociales de esta política cobra especial importancia la orientación hacia la igualdad de género, ya que el medio rural está no solo envejecido, sino también con escasa presencia de la mujer, al ser solo uno de cada cuatro habitantes del género femenino.
Al igual que en ejercicios precedentes y debido a la incardinación de muchas de sus actuaciones en la Política Agraria Común (PAC), los recursos que la financian proceden mayoritariamente de la Unión Europea (Feaga y Feader) a los que han de unirse los del MRR, llegando en conjunto al 90% del total.
Entre las prioridades del Gobierno destacan contribuir a la transformación digital del medio rural y de su sector agroalimentario, acelerando la incorporación efectiva de la innovación, facilitando la transición ecológica y climática justa e inclusiva de las zonas rurales y de sus habitantes.
Así, según el Ejecutivo, las actuaciones desarrolladas deben contribuir a mantener la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, impulsando y visibilizando a la vez el apoyo a la agricultura familiar.
Para estas actuaciones, el departamento presidido por Luis Planas dispondrá en 2022 de créditos por importe de 1.923 millones de euros.
Destacan las transferencias a comunidades autónomas y empresas privadas cofinanciadas con fondos europeos y canalizadas, en su mayor parte, a través del FEGA por importe de 1.744 millones de euros y de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria por importe de 179 millones de euros.
Dentro de las políticas pesqueras destacan la protección de los recursos y el desarrollo sostenible conforme al Código de Conducta de la Pesca Responsable y a lo dispuesto en la Política Pesquera Común.
Sus objetivos estratégicos pasan por asegurar el sostenimiento de los recursos marinos y una pesca responsable que permita mantener los stocks.
Para ello, se pretende incrementar la información sobre el impacto de la actividad de la flota en el caladero comunitario, elaborando planes de recuperación de las distintas especies y la búsqueda de nuevas posibilidades de pesca.
También se impulsa la cooperación pesquera con terceros países en materia del conocimiento del medio marino, de la actividad pesquera y de la formación de sus trabajadores y se apuesta por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria, el apoyo a los centros de investigación en la materia y la gestión y mantenimiento de las zonas de protección pesquera ya existentes y estudios para la posible creación de nuevos espacios.
