El Gobierno defiende que la Constitución permite e incluso «instiga» la creación de órganos como la mesa de Cataluña
El Gobierno de Pedro Sánchez justifica la puesta en marcha de la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán en que la Constitución de 1978 no sólo permite sino que incluso «instiga» la creación de órganos que «facilitan» el acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas.
De esta forma ha respondido a una batería de preguntas registradas en el Congreso por varios diputados del PP, con su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo a la cabeza, sobre el encaje constitucional y estatutaria de dicha mesa, que se constituyó la semana pasada.
Los populares sostienen que la citada mesa carece de base jurídica alguna y que las personas que la integren podrían «incurrir en responsabilidades, más allá de la ineficacia de las decisiones que pudieran acordar», por participar en un proceso «no reglado» y por generar gasto público para su sostenimiento.
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo echa mano de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para subrayar que la Carta Maga no sólo permite sino que anima a crear órganos que «facilitan» el acuerdo entre el Estado y las autonomías sobre la base de la «lealtad constitucional», lo que, apunta, «exige que el Gobierno extreme el celo por llegar a acuerdos con las comunidades autónomas».
EL DIÁLOGO NO EXCLUYE SI SE RESPETA LA CARTA MAGNA
En este sentido, citando una sentencia del Alto Tribunal de marzo de 2014, subraya que los poderes públicos, están llamados a resolver «mediante el diálogo y la cooperación» los problemas, que puedan suscitarse en el orden constitucional, y en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico.
Y añade que «el concepto amplio de dialogo no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional».
Es más, apunta que órganos del máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades –como la Conferencia de Presidentes o la Conferencia de Asuntos Relacionados con la UE– fueron creados mediante acuerdos políticos «sin que hubieran sido previstos expresamente por el ordenamiento jurídico». «Circunstancia que no ha sido óbice ni para su funcionamiento ni, mucho menos, para su encaje en el sistema constitucional español», añade el Gobierno.
