El Gobierno defiende la independencia de la oficina de Bachelet y reitera su defensa de los DDHH
González Laya confirma la candidatura para volver al Consejo de DDHH de la ONU en 2025
La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha reiterado este martes el compromiso del Gobierno con la defensa y promoción de los Derechos Humanos y su rechazo rotundo a la pena de muerte, al tiempo que ha reivindicado la independencia de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Así se ha expresado durante su intervención ante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que España fue estado miembro hasta el pasado diciembre y al que el Gobierno tiene intención de volver para el trienio 2025-27, según ha adelantado la ministra, que ha confiado en que la candidatura española suscite «el apoyo más amplio posible».
Tras reivindicar el multilateralismo y el deseo de España de ser «referente de política exterior feminista y de defensa y promoción de la diversidad», González Laya ha indicado que el Gobierno trabajará «para proteger los Derechos Humanos de las personas más vulnerables» así como en hacer frente «al racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia».
«Promoveremos la igualdad de género y los derechos LGTBI, así como la defensa de los derechos de las personas con discapacidades», prestando especial atención, ha añadido, en la «lucha contra la trata de personas, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres y niñas» y a proteger los derechos fundamentales «frente a la incidencia negativa del cambio climático».
Además, ha añadido, «España seguirá firmemente comprometida con la protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos y la promoción de su legítima labor como agente de cambio positivo para lograr sociedades inclusivas, basadas en el respeto al Estado de derecho y a los principios y valores democráticos».
ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
González Laya ha recordado que «España ha venido abogando por la abolición universal de la pena de muerte en todos los países y como paso intermedio por el establecimiento de moratorias» ya que «albergamos serias dudas sobre el eventual elemento disuasorio de esta medida».
Por último, ha dejado claro que para el Gobierno «la independencia» de la oficina que encabeza Bachelet «debe ser en todo momento respetada y respaldada», al tiempo que ha recordado que «su capacidad de acción depende de la disponibilidad de recursos regulares suficientes para desempeñar los mandatos recibidos».
En este sentido, ha hecho saber a la jefa de Derechos Humanos de la ONU que podrá contar con el apoyo de España en ambos aspectos y ha hecho «un llamamiento a otros estados para que se sumen también en este empeño».
«El respeto a los Derechos Humanos es precisamente lo que nos hace humanidad», ha recalcado la ministra de Exteriores, asegurando que «España seguirá contribuyendo desde este foro en la medida de sus posibilidades al respeto, a la promoción y a la protección de los Derechos Humanos en el mundo».
