El Gobierno defiende ante el PE la constitucionalidad de la amnistía y que es de competencia «exclusivamente» nacional
ESTRASBURGO (FRANCIA), 22
La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno, ha defendido este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo la constitucionalidad de la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, al tiempo que ha advertido de que se trata de una norma aún en curso de tramitación nacional y de competencia «exclusivamente» nacional.
«Un debate en profundidad sobre una ley no aprobada y de exclusiva competencia nacional no contribuye a mejorar la democracia europea, todo lo contrario, muestra tendencias preocupantes», ha lamentado Moreno en su intervención inicial en el debate sobre las amenazas para el Estado de derecho en España celebrado en el pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo (Francia).
Moreno ha advertido de que estaba limitada en su intervención al comparecer en nombre del Consejo de la UE, en tanto que presidencia de turno, pero ha insistido en afear que se discuta sobre «política interna española» en la Eurocámara algo, ha dicho, sobre lo que «apenas hay precedentes».
Sí hay precedentes, según ha defendido la secretaria de Estado, de leyes de amnistía aprobadas en distintos países de la Unión Europea, incluido España, al tiempo que ha lamentado que se equipare la situación en España con otras «claramente excepcionales» que a su juicio inducen a confusión; una estrategia que ha achacado a una «batalla partidista».
En todo caso, Moreno ha argumentado que la ley de amnistía es «inequívocamente una cuestión constitucional interna española», que debe debatirse en el parlamento español y que «salvaguarda las normas y valores españoles».
Además, ha dicho, si la ley es finalmente aprobada por el Parlamento español, esta estará sometida al control del Tribunal Supremo y, en última instancia, serán los jueces competentes quienes la ejecuten.
Moreno ha concluido su intervención afirmando el compromiso de España con todos los elementos «centrales» del Estado de derecho, «muy especialmente con la separación de poderes y la independencia judicial».
