El Gobierno defiende al presidente del Consejo de Transparencia ante quienes cuestionan su cercanía al PSOE
Vox plantea cambiar la ley para que sea elegido por dos tercios del Congreso entre cinco nombres propuestos por el Ejecutivo
El Gobierno defiende la imparcialidad e independencia del presidente del Congreso de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, ante quienes la ponen en cuestión por haber ocupado con anterioridad altos cargos en administraciones socialistas y por sus primeras decisiones al frente del organismo al que llegó el pasado mes de octubre.
Las críticas a su actuación han llegado desde el PP, Vox y Ciudadanos, quienes le han afeado su cercanía al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Álvarez fue director de la Agencia Española de Protección de Datos entre 2011 y 2015, bajo su mandato.
Previamente había ejercido como asesor del exministro de Justicia Francisco Caamaño entre 2009 y 2011 y antes había trabajado como su director del Gabinete en la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y como director general de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia.
PRIMEROS CESES
En concreto, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez pidió cuentas al Ejecutivo por nombrar a una persona tan marcada políticamente y por la decisión de Rodríguez Álvarez de destituir al subdirector general de Transparencia Javier Amorós –que finalmente no se materializó– y a la subdirectora general de Reclamaciones Esperanza Zambrano, quien sí dejó su cargo.
Ciudadanos y otros partidos de la oposición atribuyeron su cese a su gestión, ya que había obligado al Gobierno dar a conocer determinados datos pese a sus reticencias iniciales como la composición del comité de expertos que asesoró al Gobierno durante la desescalada tras la primera ola del coronavirus y también a informar de los medios de transporte oficiales utilizados por el presidente entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019.
El Ejecutivo, en una respuesta recogida por Europa Press, ha recalcado que Rodríguez actuó conforme al Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que establece que la Subdirección General de Reclamaciones y la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno, son órganos «jerárquicamente dependientes del Presidente del Consejo, a quien, por tanto, corresponde el cese discrecional de sus titulares».
AMORÓS SIGUE EN SU PUESTO
Además, precisa que, en contra de lo que afirmaba Gutiérrez haciéndose eco de las noticias publicadas por algunos medios, Javier Amorós «no ha sido cesado», sino que se encuentra «en situación de servicio activo en el Consejo como Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno». Javier Amorós venía ejerciendo como presidente del Consejo en funciones desde el fallecimiento en noviembre de 2017 de Esther Arizmendi.
Esta vacante fue cubierta el pasado mes de octubre por Rodríguez Álvarez, a quien el Gobierno propuso, según expone en su respuesta a Gutiérrez, por su «trayectoria profesional y su compromiso con el afianzamiento de la transparencia en nuestro país y con la independencia del organismo».
El Ejecutivo subraya que, como marca la ley, Rodríguez Álvarez obtuvo el refrendo de la mayoría absoluta de la Comisión de Política Territorial del Congreso y hace hincapié en que «no está sujeto a mandato imperativo», no «recibe instrucciones de autoridad alguna» y debe «desempeñar su cargo con plena independencia y total objetividad».
Pero desde Vox insisten cuestionar la elección de Rodríguez Álvarez, quien, según ha publicado el diario ABC , nada más ser nombrado se reunió con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y con el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños.
HAY QUE CAMBIAR EL SISTEMA
Los de Santiago Abascal consideran que, para evitar cualquier atisbo de dudas sobre la independencia de la persona que ocupe la Presidencia del Consejo de Transparencia debería cambiarse el sistema para su elección.
Con este objetivo, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sugiere que este cargo sea elegido por dos tercios de la Cámara entre cinco candidatos propuestos por el Ejecutivo «entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional» que deberán comparecer en el Congreso para que la Cámara «pueda informarse de su idoneidad» para el puesto.
