El Gobierno dedica 11,8 millones a memoria democrático para exhumaciones o resignificar el Valle de los Caídos

El Gobierno tiene previsto invertir en 2022 un total de 11,8 millones de euros para desarrollar la ley de memoria democrática –que según el Ejecutivo, entrará en vigor a finales de este año o principios de 2022– y los trabajos de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, como por ejemplo, la exhumación de hasta 800 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la resignificación del Valle de los Caídos.

Así consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que el Gobierno ha registrado este miércoles en el Congreso, y en el que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños desde julio, cuenta con 276,4 millones de euros.

De ese presupuesto total para el departamento de Bolaños, las políticas de memoria democrática recibirán 11,8 millones de euros, frente a los 11,3 que se le asignaron en los Presupuestos de 2021, para avanzar en la exhumación de víctimas del franquismo y desarrollar otras medidas «en materia de conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición».

«MONUMENTALIZACIÓN DE LUGARES DE MEMORIA»

Según se detalla en el tomo específico del Ministerio de Presidencia, que recoge Europa Press, el incremento del presupuesto para memoria responde a la creación de nuevas subvenciones así como a la previsión de iniciar en 2022 la «monumentalización de determinados lugares de memoria, continuar el proceso de resignificación democrático en el Valle de los Caídos, y proceder a la adquisición de una herramienta de software para la gestión del banco de AND a nivelnacional».

En concreto, el Gobierno tiene previsto proseguir este año con las tareas de exhumación «que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos» depositado en el Valle de los Caídos, así como «iniciar el proceso de resignificación democrático» que prevé la ley de memoria.

Además, ese presupuesto de 11,8 millones también servirá para elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, de carácter público, tal y como pidió la ONU, con lacolaboración de las Comunidades Autónomas, administración local, universidades, asociaciones de Memoria Histórica, fundaciones y particulares.

También se pretende elaborar un censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada, y otro para recabar información sobre la retirada de simbología franquista, mediante la creación de una herramienta informática, que permita localizar e identificar los vestigios, para proceder a las retiradas oportunas.

En cuanto al Plan de Exhumación de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, el Gobierno ampliará en 2022 la búsqueda e identificación de estos desaparecidos, al considerar que «constituye una obligación y responsabilidad del Estado». Es más, defienden que esta cuestión «deberá configurarse como una auténtica política pública que tendrá impulsar y acometer el Gobierno tanto de manera directa, como en colaboración con las CCAA y las Ciudades de Ceuta y Melilla».

La previsión es que se localicen en el año 2022 hasta 1.000 cuerpos, y que se exhumen 800. En el año 2021 se presupuestó la localización de 300 cuerpos, y finalmente se podrán encontrar hasta 700, con un total de 450 exhumaciones realizadas, frente a las 150 que se habían previsto.