El Gobierno declarará como Lugar de Memoria Democrática el monumento dedicado a los abogados asesinados en Atocha
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado este viernes que ha iniciado el procedimiento para la declaración como Lugar de Memoria Democrática del monumento dedicado a los abogados asesinados en Atocha en enero de 1977, que está situado en la plaza de Antón Martín de Madrid, por su relevancia histórica.
Este monumento se instaló en el año 2002 a propuesta de Comisiones Obreras y recuerda el acto terrorista, del que se cumplen 48 años este viernes, por el que los tres abogados laboralistas — Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo–, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el trabajador del despacho Ángel Rodríguez Leal, fueron asesinados por un comando de ultraderecha.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la comisionada para la celebración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, Carmina Gustrán, han realizado este viernes una ofrenda floral frente al Monumento que rinde homenaje a las víctimas.
El Gobierno defiende que este ataque fue «un intento de acabar con la Transición, siendo el propio despacho de los abogados de Atocha un símbolo especial en la lucha antifranquista y en defensa de las libertades democráticas». «Las acciones de este despacho, y de muchos otros de similares características, contribuyeron a proporcionar apoyo a muchos ciudadanos en los últimos años del franquismo», sostiene el Ejecutivo.
Los letrados laboralistas del bufete de Atocha eran de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista de España (PCE). Realizaba gestiones con las administraciones, atendían consultas de los trabajadores y se personaban en juicios. Eran expertos en derecho del trabajo, seguridad social, derecho penal, financiero, procesal y civil que se habían incorporado a la lucha por recuperar las libertades en España, «en un contexto en el que los derechos laborales se encontraban tremendamente limitados».
Más de cien mil personas asistieron al entierro de los asesinados. Se trató de unas de las primeras manifestaciones multitudinarias tras la muerte del dictador Francisco Franco. A este acto le siguieron huelgas y muestras de solidaridad por todo el país.
