El Gobierno de Murcia expresa su «frontal oposición» al indulto a los condenados por el procés

MURCIA, 27

El Gobierno de la Región de Murcia ha expresado este jueves su «absoluta perplejidad y frontal oposición» ante la «indisimulada intención» del Gobierno central de indultar a los presos condenados por el procés , de quienes, ha dicho, organizaron «un golpe de Estado independentista».

Así ha trasladado este jueves la portavoz del Ejecutivo murciano, Valle Miguélez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha asegurado que los condenados «impusieron la fuerza en Cataluña frente a la convivencia política, atacando gravemente el orden constitucional con métodos ilegales y a través de la violencia y la imposición».

«No se trata en ningún caso de presos políticos, sino de presos condenados penalmente por delitos tan graves como la sedición, la malversación de caudales públicos y desobediencia», ha dicho Miguélez, quien ha pedido que cesen los «blanqueamientos interesados», especialmente a quienes «no solo no han mostrado un mínimo de arrepiento, sino que además han expresado públicamente su firme voluntad de reincidir».

Asimismo, ha asegurado que esta actitud supone «un pulso inaceptable» al Estado de Derecho y «no justifica en ningún caso la posibilidad de indulto alguno». Al hilo, ha recordado que el Tribunal Supremo ha expresado ya su oposición a esta decisión.

Ante esto, ha defendido, en nombre del Gobierno regional, «el estricto cumplimiento de las leyes y el respeto a la absoluta independencia de los órganos de la justicia», que son «los que garantizan nuestra convivencia y, sobre todo, la salud de nuestro sistema democrático».

«Para el Gobierno de Pedro Sánchez el tiempo pasado, lo que ocurrió antes, es la Guerra Civil, y el futuro, lo que va a ocurrir, es el año 2050; pero lo que ocurre ahora es que solo se ocupa del presente para machacarnos a impuestos a todos los españoles, lastrar nuestras posibilidades de progreso y dinamitar nuestras instituciones», ha apostillado.

Así, Miguélez ha asegurado que la «principal preocupación» del presidente de la Nación es «el pago de peajes a los cómplices que le sostienen en este Gobierno de España», unos partidos «cuyos representantes públicos, en la mayoría de los casos, exhiben impúdicamente un profundo desprecio a España y al orden constitucional que garantiza nuestra unidad y convivencia».

«Un gobierno que no respeta la ley y las sentencias judiciales no merece presidir las instituciones», que son las que «nos garantizan la convivencia democrática al amparo de nuestra Constitución que a todos nos proteger y nos compromete», ha añadido la portavoz regional.

Por último, ha mostrado su confianza en que «la unión de todos los constitucionalistas permita frenar este atropello contra la división de poderes, la independencia de los jueces, y consigamos entre todos el respeto a las resoluciones judiciales».