El Gobierno de Guatemala niega que haya forzado el cese del fiscal anticorrupción
El Gobierno de Guatemala ha rechazado este domingo cualquier maniobra de presión para forzar el cese del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, que ayer abandonó el cargo y el país mientras sugería que su despido se debió a la apertura de nuevas investigaciones contra el entorno del presidente, Alejandro Giammattei.
«El Gobierno de la República de Guatemala rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por el abogado Juan Francisco Sandoval (quien) realizó afirmaciones sobre supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el Presidente», se lee en el comunicado del Gobierno, recogido por Prensa Libre.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, anunció el sábado el cese de Sandoval por cometer «vejaciones» contra su persona; una decisión rechazada por el afectado, quien explicó que en todo momento actuó de manera cordial y respetuosa hacia quien era su jefa, a la que pidió explicaciones sobre su insistencia en poner toda actuación en conocimiento del presidente Giammattei.
«Desconozco los motivos y será labor de la Fiscal General responder por qué impuso a la Feci que cualquier cuestión relacionada con el Presidente de la República, no solo se pidiera de manera cordial sino, no se podía llevar a cabo sin su visto bueno. En varias ocasiones le expresé por qué esa situación», señaló Sandoval, quien acabó dejando por la noche el país a través de la frontera de El Salvador.
Asimismo, Sandoval indicó previamente que había indicios de nuevas investigaciones contra funcionarios de la administración de Giammattei, por ejemplo en un caso vinculado al exministro José Luis Benito, que tuvo que desarrollarse en completo silencio dado que, denunció el ahora exfiscal, «existía información que uno de los Secretarios de la Fiscal General trasladaba la información» fuera del ámbito de los implicados en las pesquisas.
Sandoval es el quinto fiscal que abandona Guatemala en menos de tres años a causa de sus investigaciones sobre el llamado «Pacto de Corruptos», como bautizó la exfiscal general Thelma Aldana, también en el exilio, la impunidad sistémica en ese país. Trabajó en casos judiciales como «línea consolidadores», en el cual resultaron imputados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
