El Gobierno de Etiopía marca condiciones para negociar con el TPLF y advierte a la ONU de que «respete la ley»

Al menos nueve de los trabajadores de la ONU permanecen detenidos y el Ejecutivo dice que fue por incumplir el estado de emergencia

El Gobierno de Etiopía ha indicado este jueves que para «sentarse a negociar» con el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) tiene unas «condiciones previas» y, por otro lado, ha advertido al personal de la ONU en el territorio de que «tendrá que rendir cuentas» en caso de no «respetar la ley».

«Para que el Gobierno federal se siente a negociar, hay ciertas condiciones previas que deben cumplirse», ha apuntado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Dina Mufti, en una rueda de prensa, informa el medio etíope Addis Standard .

Mufti ha destacado que para unas posibles conversaciones con el objetivo de una «solución pacífica», el TPLF tendría que «retirarse de las regiones de Afar y Amhara –vecinas de Tigray–, detener sus ataques y reconocer la legitimidad del Gobierno».

Por otro lado, ha informado sobre la reciente visita del Alto Representante de la Unión Africana (UA) para el Cuerno de África, Olusegun Obasanjo, con quien ha abordado el conflicto y cuyos «esfuerzos» son «ampliamente reconocidos» por el Gobierno etíope.

«Se encuentra aún en proceso de comprobación de los hechos», ha indicado el portavoz, para insistir en que «el Gobierno quiere que prevalezca la paz» y «cree firmemente en una solución que no sea la guerra impuesta por el TPLF».

El portavoz del Ministerio de Exteriores etíope ha lamentado también los anuncios de algunas embajadas para la evacuación de sus ciudadanos, unos llamados que, según ha dicho, «se han hecho porque no se es plenamente consciente de la situación sobre el terreno», pero ha precisado que ya ha podido dar «las explicaciones suficientes» a estas sedes.

En este contexto, ha reiterado que es «totalmente erróneo» que el TPLF «tenga capacidad para plantear una amenaza» contra la capital, Adís Abeba, y ha asegurado que este grupo no ha controlado totalmente «ningún pueblo», si bien ha dicho que se ha tardado más en responder a los ataques de los combatientes porque «han estado utilizado a niños y mujeres como carne de cañón».

ADVERTENCIA AL PERSONAL DE LA ONU

Por otra parte, Mufti ha avisado al personal de la ONU de que «tendrá que rendir cuentas ante la justicia» como «cualquiera que no cumpla la ley del país» ya que «viven en Etiopía y no en el espacio».

Esta declaración se ha producido en respuesta a cuestiones sobre las detenciones de al menos 22 trabajadores de la organización, de los que nueve permanecen retenidos, así como unos 70 camioneros que prestan servicio a la misma, tal y como ha denunciado Naciones Unidas.

«El personal fue detenido por haber infringido la proclamación del estado de emergencia que se promulgó recientemente», ha apuntado al respecto el portavoz, quien ha asegurado que los arrestos no se han producido «por ser empleados de la ONU ni por su origen étnico».

Precisamente, el comando que gestiona el estado de emergencia aprobado en Etiopía la semana pasada por los avances del TPLF ha ordenado a los propietarios de vivienda que registren la identidad de sus inquilinos en las comisarías de Policía en el plazo de una semana, en una medida que busca dar con aquellos que suponen una «amenaza» para la seguridad del país, recoge el diario etíope antes citado.

Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha afirmado, en una rueda de prensa, que la organización «colabora activamente» con el Gobierno etíope para «solucionar» las detenciones de su personal.

«Queremos que nuestros colegas sean liberados lo antes posibles y que los que han sido contratados por la ONU y ONG internacionales también lo sean», ha aseverado.

En este sentido, ha añadido que los «motivos y criterios» de las autoridades del país para «detener a las personas que trabajan para la ONU no pueden tener relación con la «etnia que figure en sus documentos nacionales de identidad». Algunos informes sobre las detenciones indicaban que se había detenido al personal por ser tigrayanos, si bien Adís Abeba lo ha negado.

SITUACIÓN HUMANITARIA

Así las cosas, Dujarric ha lamentado el «hostigamiento y la detención arbitraria del personal de la ONU» no solo en Etiopía, si no en «muchos lugares del mundo», si bien ha insistido en el efecto de los obstáculos al trabajo humanitario en el caso actual de Etiopía.

Según la actualización que ha brindado este jueves, la población en Amhara necesita refugio, alimentos y agua, así como medicamentos y protección, ya que los combates han provocado el desplazamiento de muchas personas de Dessie, Kombolcha, Baati, Kamissie y otras áreas de la región.

En este sentido, ha detallado que «decenas de miles de desplazados internos» se han registrado en la ciudad de Debre Berhan, y muchas personas se han refugiado en dos escuelas de la ciudad.

De acuerdo a otros informes, ha informado también que hay «miles de personas» desplazadas en Chifra y Ada ar, en la región Afar, siendo la mayoría de ellos mujeres y niños.

«Como saben, la entrega de ayuda humanitaria urgente se ha visto obstaculizada por la falta de acceso debido a la inseguridad. La electricidad y las telecomunicaciones también están cortadas en Dessie y Kombolcha desde el 30 de octubre», ha indicado.

Desde el 18 de octubre no han llegado a Tigray suministros humanitarios organizados por la ONU a través de la ruta Semera-Abala-Mekelle –capital de Tigray–, llegan a quedarse más de 300 camiones con suministro retenidos en la ciudad inicial «a la espera de la autorización de las autoridades para seguir adelante».

AVANCE DEL CONFLICTO

Las autoridades de Etiopía han asegurado que el Ejército está logrando victorias militares «en todos los frentes» en sus combates con el TPLF en el marco de la expansión del conflicto desatado el año pasado en la región de Tigray.

El portavoz del TPLF, Getachew Reda, aseguró el martes que el grupo continuará su avance hacia la capital a menos que el primer ministro, Abiy Ahmed, «acepte sus condiciones». «El único obstáculo a la solución pacífica al conflicto es la obsesión de Abiy con la solución militar a lo que es esencialmente un problema político», dijo.

El conflicto comenzó el 4 de noviembre de 2020 cuando Abiy ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en Mekelle tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamamientos al boicot y la falta de votación en varias zonas –entre ellas Tigray– por la inseguridad.

Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.