El Gobierno de España y el de Aragón resuelven un conflicto de competencias en la Ley de agricultura familiar
MADRID/ZARAGOZA, 10
El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Aragón en torno a la Ley 6/2023, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario, conocida como Ley de agricultura familiar, sobre la que existían discrepancias competenciales. En todo caso, el presidente autonómico, Jorge Azcón, se ha comprometido a reformarla.
Así, ambas instituciones han acordado que el Gobierno aragonés promueva la modificación de los artículos 14, 18, 50 y 53, ha informado el Ministerio de Política Territorial.
La modificación legislativa de los artículos 14 y 53 tendrá como fin clarificar el ámbito de aplicación de tales preceptos de modo que se excluya de los mismos a los proyectos e infraestructuras públicas de regadío de competencia estatal, ya sea por realizarse en cuencas hidrográficas intercomunitarias o por tratarse de proyectos e infraestructuras públicas de regadío declarados de interés general.
En cuanto al artículo 18, el cambio tendrá como objetivo aclarar que el sistema alternativo de financiación de obras de regadío en zonas regables de interés general será de aplicación en el ámbito competencial de Aragón y sólo excepcionalmente será de aplicación al Estado si así se acordara mediante el instrumento de cooperación específico. El artículo 50 será suprimido.
Respecto a la controversia suscitada en torno a la disposición transitoria segunda de la norma, ambas partes han coincidido en considerar que su ámbito de aplicación no incluye, en ningún caso, las obras públicas de competencia estatal ni, en especial, los proyectos e infraestructuras públicas de regadío declarados de interés nacional cuya competencia está atribuida al Estado.
El acuerdo, alcanzado en octubre, comienza con un proceso de negociación impulsado por el Ministerio en las comisiones bilaterales de cooperación.
En octubre, se han llegado a acuerdos también con las comunidades autónomas de Baleares, La Rioja y Comunidad Valenciana, con lo que en la legislatura actual suman un total de nueve. En la legislatura anterior, se alcanzaron un total de 180 acuerdos, que evitaron otros tantos recursos de inconstitucionalidad.
