El Gobierno de Ecuador pide a EEUU la aprobación de un estatus de protección temporal para ecuatorianos
La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha explicado este miércoles que el Gobierno ha pedido a Estados Unidos la aprobación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), a los ecuatorianos no regularizados en el país, en el marco del conflicto armado interno declarado por la espiral de violencia en las últimas semanas.
«Como Ecuador tenemos esta ventana de oportunidad –aunque no es el término que deberíamos usar– donde por el estatus de conflicto armado interno podemos solicitar a Estados Unidos que implementemos este estatus de protección integral para ecuatorianos que teniendo lugar de residencia y que no están regularizados puedan obtener una regulación especial mientras dure esta situación», ha explicado.
Sommerfeld ha indicado que este acuerdo «no es para todo el mundo», ya que deben demostrar la nacionalidad, y «en algunos casos se piden antecedentes penales». También ha agregado que este acuerdo se aplica a otros países de la región, como Honduras, Nicaragua y El Salvador, según ha informado el periódico El Telégrafo .
Asimismo, la jefa de la diplomacia ecuatoriana ha calificado de «buenas noticias» el fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre la cooperación internacional marítima de Estados Unidos con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, indicando que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional.
Este acuerdo permite operaciones conjuntas contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, como el tráfico de drogas, migrantes o armas. El objetivo es «prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas», por la «urgente necesidad» de luchar contra el crimen organizado transnacional.
La actual situación en Ecuador estalló después de que el 7 de enero se descubriera la fuga de Adolfo Macías, alias Fito , cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un «conflicto interno armado» debido a la actividad de grupos armados y criminales, considerados a partir de ese momento como «terroristas».
