El Gobierno de Cantabria prevé aprobar y remitir al Parlamento en dos meses la Ley de Juego, que endurece las sanciones

El Ejecutivo tramita un expediente sancionador contra un local por permitir la entrada a menores, con una multa prevista de 10.000 euros

El Gobierno de Cantabria prevé aprobar y remitir al Parlamento regional en dos meses su proyecto de Ley de Juego, que tendrá como eje vertebrador el juego responsable, pondrá el foco en la protección de colectivos vulnerables, limitará las autorizaciones a este tipo de establecimientos e incrementará la cuantía de las sanciones.

Además, como novedad, establece el «carácter finalista» de la recaudación de las multas que se impongan, que irán a investigación, prevención y asistencia al juego patológico.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, quien ha anunciado que el anteproyecto de esta norma, consensuado entre el Ejecutivo y sectores implicados en un grupo de trabajo, saldrá este miércoles, 7 de abril, y por un periodo de 20 días, a información pública para que entidades y la ciudadanía en general presenten sus sugerencias.

Se publicará en el Portal de Transparencia del Gobierno para que pueda ser consultado y, una vez finalizado este plazo de información pública, continuará tramitación en el seno del Ejecutivo hasta su aprobación por parte del Gobierno de Cantabria.

Posteriormente, será remitido al Parlamento de Cantabria, algo que, «si todo va como está previsto», Fernández prevé que ocurra en aproximadamente dos meses. Allí, se tramitará hasta llegar al debate final sobre su aprobación.

La consejera, que en la rueda de prensa ha estado acompañada por la directora general de Interior, Jezabel Morán, ha defendido que el anteproyecto es un «buen texto» que ha logrado poner de acuerdo a colectivos y entidades tan diversos como, por ejemplo, Proyecto Hombre, que atiende a personas con adicción al juego, con bingos o con el Casino de Santander, entre otros colectivos.

La política de juego responsable se edificará en un «doble cimiento» en esta ley, mediante el establecimiento de principios y limitaciones de la publicidad del juego, así como otras medidas de prevención del juego patológico, y, por otro lado, mediante una planificación adecuada de los establecimientos de juego.

Se contemplan una serie de principios a los que deberá someterse la publicidad del juego y detalla los requisitos necesarios que la publicidad ha de cumplir para una selección consciente de actividades de juego, así como la necesaria comunicación previa de cualquier actividad que suponga la realización de actividades publicitarias, promociones y comunicaciones comerciales.

Igualmente, se establecen, por primera vez, medidas de prevención del juego patológico.

También la norma prevé la creación de una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento de las Medidas de Prevención, en la que tendrán cabida representantes de todos los sectores implicados, así como personas de reconocida competencia profesional o científica, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.

LÍMITES AL CRECIMIENTO DEL SECTOR

En lo que se refiere a la planificación, se contemplan medidas encaminadas a la promoción del juego responsable y se establecen límites cuantitativos en lo referido al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego, así como en la fijación de un régimen de distancias mínimas, entre los establecimientos entre sí, así como en relación con centros educativos y unidades de salud mental.

Se contempla, asimismo, la posibilidad de que los municipios, en base a sus respectivas competencias, puedan establecer restricciones adicionales, especialmente con el fin de proteger a menores y personas vulnerables frente a las conductas adictivas.

Respecto a los órganos competentes en materia de juego, se regula la Comisión de Juego de Cantabria, como órgano colegiado de carácter consultivo, encargado del estudio y asesoramiento en materia de juego.

La futura ley regula el servicio de admisión, que deberán tener todos los establecimientos de juego, así como el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego en Cantabria, cuyo régimen jurídico, organización y funcionamiento se determinará reglamentariamente, debiendocoordinarse, en su caso, con el Registro General de Interdicciones de acceso al Juego, dependiente de la Administración General del Estado.

Por último, se regula nuevo régimen sancionador que, con el fin de preservar el espíritu de la ley, ofrece una protección más intensa a las personas menores de edad y colectivos especialmente vulnerables.

Además de establecerse el carácter finalista de la recaudación de las sanciones, se recalifican los distintos tipos de infracciones, y se revisan las cuantías de las mismas, estableciéndose un régimen sancionador «acorde y proporcional con los objetivos planteados por la norma».

También, de forma «complementaria» a las multas económicas, se contemplan un tipo de sanciones no pecuniarias, como la suspensión de la actividad del establecimiento por periodos que pueden llegar hasta los 4 años.

La consejera ha indicado que Cantabria inició en 2018 las acciones para introducir políticas de juego responsable con el fin de reducir los riesgos para la salud y ajustar la oferta de salas de juego a la población, un balance que ha considerado positivo y en el que Cantabria ha sido «pionera» en algunas de las medidas, como el régimen de distancias entre locales de juego y centros escolares.

También ha citado la suspensión temporal de las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas, mientras se tramite la nueva norma, con el objetivo de salvaguardar a los colectivos de especial protección, los menores y personas con ludopatías.

Ha resaltado el establecimiento de una caducidad de los estudios de viabilidad necesarios para la concesión de las posteriores licencias de apertura, que ha posibilitado que hayan decaído 11 nuevas licencias de salas de juego en Cantabria.

Por otro lado, ha resaltado la tramitación del decreto del servicio de admisión obligatorio, que impedirá el acceso a los locales de juego a los menores y a las personas que están inscritas en el registro de interdicciones, y ha recordado la aplicación efectiva, desde el pasado 1 de enero de 2020, de la distancia mínima de 500 metros a los centros escolares y de atención a las ludopatías –una de las distancias más restrictivas del país– y entre los propios locales de juego,casas de apuestas, bingos y casinos.

Este régimen de distancias, además de impulsar la protección de los colectivos más vulnerables, constituye una medida de planificación adicional para evitar una proliferación excesiva de establecimientos.

LOCALES DE JUEGO EN CANTABRIA

Actualmente, en Cantabria hay 42 salas de juego, con 6 locales específicos de apuestas y 5 bingos.

En estos momentos se está tramitando la autorización para un nuevo bingo y, debido a la actual suspensión de las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas hasta septiembre de este año, no hay ninguna otra en tramitación.

ACCESO DE MENORES

A preguntas de la prensa, la consejera ha señalado que no se está detectando en Cantabria la entrada de menores en los locales de juego y es «poco significativa» gracias al «rigor» de los responsables de los establecimientos.

Sí ha informado que, en la actualidad, se está tramitando un expediente sancionador contra un local por permitir el acceso de menores, con una sanción prevista de 10.000 euros.

La consejera y la directora general de Interior han señalado que se han incrementado el número de inspecciones a los locales de juego para controlar el cumplimiento de las normas, sobre todo, en lo que tiene que ver con el acceso de menores. Además, han indicado que estos controles crezcan de forma «exponencial» ya que se prevé incorporar a 16 inspectores más.