El Gobierno de Bolivia acusa al expresidente Morales de actuar para «interrumpir el orden democrático»
El Gobierno de Bolivia ha acusado este sábado al expresidente Evo Morales de liderar «acciones desestabilizadoras» con el objetivo de «interrumpir el orden democrático» en el país, cuando se cumplen dos semanas del bloqueo «criminal» de carreteras por parte de grupos afines al exmandatario.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores boliviano ha pedido a la comunidad internacional que permanezca atenta a las acciones de Morales, que «buscan poner en riesgo la democracia recuperada por el pueblo boliviano» y que suponen «una seria amenaza» para el país y para el resto de la región.
«Estas acciones se han recrudecido en los últimos 13 días, con un bloqueo criminal de carreteras(…), impidiendo el suministro regular de alimentos, combustibles y medicamentos, así como el libre tránsito de la población, vulnerando derechos individuales y colectivos, y afectando la economía de las familias bolivianas, principalmente de las más vulnerables», detalla el documento publicado en la red social X.
Desde el Ministerio han denunciado la existencia de grupos violentos, «en algunos casos armados, que han amenazado públicamente con el derramamiento de sangre» entre los participantes en las movilizaciones. Según las autoridades, al menos 14 miembros de la Policía han resultado heridos «con lesiones gravísimas», en enfrentamientos con partidarios de Morales.
«Es evidente que detrás de éstas existen intereses personales, y que hoy también pretenden la manipulación de la justicia en busca de impunidad, amenazando con la ruptura del orden constitucional», ha declarado en alusión a los que sostienen que el exmandatario está sometido a una persecución política por las causas judiciales que tiene abiertas, entre ellas una por supuesto abuso de menores y trata de personas.
Los grupos partidarios de Morales no solo reclaman el fin de esta supuesta persecución política a la que estaría siendo sometido, sino también su habilitación para las próximas elecciones, a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció que ningún cargo político puede ejercer un mandato más de dos veces ya sea de forma continua o discontinua.
El Gobierno, por su parte, ha defendido su «voluntad de diálogo» y sus medidas para asegurar el suministro de productos básicos y el desbloqueo de carreteras, aspirando a proteger «el bien común».
