El Gobierno da la nacionalidad española a otros trece nicaragüenses privados de ella, incluida Gioconda Belli
El Consejo de Ministros ha concedido este martes la nacionalidad española a otros trece nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega ha privado de ella, lo que eleva a casi un centenar los que se han beneficiado de esta oferta realizada por el Gobierno, según han informado fuentes diplomáticas.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sido el encargado de hacer el anuncio, precisando que entre los trece nicaragüenses que a partir de ahora dispondrán de pasaporte español figura la poeta Gioconda Belli, residente en España y con quien ha hablado por teléfono para informarle de la decisión.
«Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España», ha asegurado el ministro en un mensaje publicado en X, antiguo Twitter, en línea con la posición mantenida por el Gobierno a raíz de que el régimen de Ortega procedió a principios de 2023 a expulsar y privar de su nacionalidad a disidentes y opositores nicaragüenses.
El ministro ofreció la nacionalidad española en primer lugar a los 222 presos políticos deportados en febrero de 2023 por el Gobierno nicaragüense a Estados Unidos, a los que procedió también a privar de la nacionalidad.
Posteriormente, ofreció esta misma posibilidad a los 94 nicaragüenses a los que se acusó de «traidores a la patria» y también se les retiró la nacionalidad, entre los que estaba el escritor Sergio Ramírez, antiguo vicepresidente de Nicaragua y residente en España.
Según las fuentes diplomáticas consultadas, en total se han recibido más de 100 solicitudes para recibir la nacionalidad española de los más de 300 nicaragüenses convertidos en apátridas por el régimen de Ortega y «la mayoría ya están todas concedidas». Entre este centenar figuran las trece personas que la han recibido este martes.
Además, la decisión del Consejo de Ministros se produce tan solo dos días después de que el Gobierno nicaragüense llegara a un acuerdo con la Santa Sede por el que un total de 19 religiosos católicos, incluido el obispo Rolando Álvarez –condenado a 26 años de cárcel por conspiración y que llevaba 500 días encarcelado, fueron excarcelados y desterrados al Vaticano.
