El Gobierno crea un registro de lobbies para garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas

Aprueba también el Sistema de Integridad de la Administración General de Estado, con valores éticos para todo el personal

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés que crea un registro de lobbies para garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación pública.

Además, el Consejo de Ministros de este martes también ha adoptado un acuerdo, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para la implantación general y el impulso del Sistema de Integridad de la Administración General de Estado.

Sobre la primera medida, se trata de la primera vez que se regulan, en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y de su sector público institucional, las relaciones entre los denominados lobbies y los titulares de puestos públicos en la AGE, susceptibles de recibir influencia, en aras de garantizar una mayor transparencia, participación en la toma de decisiones públicas y prevención de conflictos de intereses.

«La regulación de la actividad de los grupos de interés constituye un factor muy relevante en la construcción de una cultura de la transparencia, participación pública y rendición de cuentas, y con este paso dado por el Gobierno, en el marco del Plan de Acción por la Democracia, se cumplen varios objetivos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Agenda 2030 y en el IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024)», han defendido desde el Gobierno.

Además, esta regulación contribuye a cumplir con las recomendaciones formuladas a España tanto por la Unión Europea como por la OCDE.

El anteproyecto define de manera clara y precisa qué es un grupo de interés, la actividad de influencia y el personal público susceptible de esta influencia, y crea el registro de grupos de interés de la Administración General del Estado (AGE) y su sector público institucional.

En este sentido, se consideran grupos de interés aquellas personas físicas y jurídicas, agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes, u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público.

QUEDAN FUERA PARTIDOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES

En cambio, no tendrán la consideración de grupo de interés las administraciones públicas y su sector público institucional, los organismos y las autoridades públicas internacionales (incluidas las misiones diplomáticas y Embajadas), los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y los colegios profesionales en el ejercicio de funciones públicas.

Se entenderá que una organización sindical o empresarial ejerce labores de influencia cuando estas no se corresponden con el ejercicio de sus funciones constitucionales.

Por su lado, se considera personal público susceptible de influencia el personal alto cargo de la AGE, los miembros de los gabinetes que prestan funciones de confianza o asesoramiento especial y el personal directivo público.

También el resto del personal de la AGE y de su sector público institucional que participe en la toma de decisiones públicas, en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y en la ejecución de las políticas públicas.

REGISTRO PÚBLICO, GRATUITO E INTEROPERABLE

Este registro será público, gratuito e interoperable con el de otras administraciones públicas y estará gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).

Los datos que contenga dicho registro estarán disponibles y accesibles para todo el mundo a través del portal de la transparencia de la Administración General del Estado y del sitio web de la OCI.

La inscripción de estos lobbies será obligatoria y quienes no estén registrados no podrán ejercer actividades de influencia con el personal público.

Además, en la solicitud de inscripción se indicará expresamente si las personas físicas que van a realizar actividades de influencia o los representantes de éstas han trabajado al servicio de la Administración del Estado o de cualquier entidad de su sector público institucional en los dos años previos al desarrollo de dichas actividades o a la inscripción del grupo de interés.

SISTEMA DE INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el Sistema de Integridad de la Administración General de Estado, un conjunto unificado de medidas que tiene como propósito promover y consolidar de manera global una cultura de integridad y valores éticos en la actuación de todo el personal de la AGE.

El sistema incluye, entre otras cosas, un código de buena administración, un código de buen gobierno, un mecanismo de gestión del riesgo de integridad, un protocolo para canales internos de información y una guía para la gestión de buzones de ética institucional.

El código de buena administración se orienta a los empleados públicos, mientras que el código de buen gobierno se refiere a los altos cargos. Uno y otro definen y desarrollan los principios y valores éticos recogidos en la normativa y los complementan con directrices de actuación que pretenden ayudar en la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan los empleados públicos y las personas que ejercen responsabilidades públicas.

El mecanismo de gestión del riesgo de integridad detalla las actuaciones que deben ser desarrolladas en cada organización sobre identificación de riesgos de fraude, la evaluación de los riesgos a través de mapas y matrices que permitan analizar la frecuencia, gravedad y medidas de corrección de los riesgos, así como la documentación y registro de los mismos.

El sistema contempla asimismo un protocolo que define los elementos con los que han de contar los sistemas internos de información para notificar posibles infracciones normativas de los distintos departamentos, y una guía para gestionar los buzones de ética institucional, que deben canalizar las dudas y consultas en esta materia por parte de los empleados públicos.

Este sistema, elaborado en 2023 y puesto en marcha en 2024, era uno de los compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024), además de alinear a España con las recomendaciones y mejores prácticas en materia de transparencia y buen gobierno de instituciones como la OCDE o el Consejo de Europa.