El Gobierno confirma su idea de ilegalizar la Fundación Franco, pero lo fía a reformas legales en curso
El Gobierno mantiene su intención de ilegalizar asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo, como la que lleva el nombre del dictador Francisco Franco, pero lo fía a una reforma «integral» de la Ley de Memoria Histórica donde se incluyan las «modificaciones legales oportunas» para ello.
Así lo ha reafirmado el Ejecutivo en la respuesta que ha enviado al portavoz adjunto de En Comú en el Congreso, Josep Vendrell, quien se interesó por esta cuestión el pasado mes de julio.
En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo recuerda que la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció en verano su intención de hacer una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007 e incluso anunció un estudio para ver cómo se podía proceder a la ilegalización de la Fundación Franco.
La Ley de Memoria ya está siendo objeto de revisión en el Congreso, que tramita como proyecto de ley el real decreto ley aprobado en agosto por el Gobierno para poder exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Precisamente, está previsto que el plazo para la presentación de enmiendas a este texto finalice este martes.
En su respuesta, que tiene fecha de 26 de octubre, el Ejecutivo vincula las medidas contra la Fundación Franco con una futura reforma integral de la ley. «En dicha reforma se estudiará la inclusión de modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales las asociaciones o fundaciones que realicen apología del franquismo», avanza el Ejecutivo.
APOLOGÍA, DELITO DE ODIO
Además añade que en la misma se incorporará igualmente la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir la apología del franquismo como delito.
Y en otra respuesta parlamentaria, ésta dirigida al diputado de Compromís Enric Bataller, el Gobierno recuerda que ya está siendo objeto de revisión en las Cortes «la actual redacción de los delitos de odio, para incluir especificidades de nuestra memoria colectiva durante la dictadura franquista, ponderando en todo caso la salvaguarda de libertades y protegiendo a colectivos contra los que se dirigen mensajes discriminatorios o que inciten a la violencia».
