La presidenta del Club Español de la Energía insiste ante la ministra que «hay que cumplir con todas las reglas establecidas»

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha descartado que el Ejecutivo vaya a cambiar, ante la presión del sector, alguna de las medidas que aprobó la semana pasada y que persiguen abaratar el recibo de la luz.

Ribera confirma así el recorte de 2.600 millones a las compañías eléctricas por los denominados beneficios caídos del cielo , justo antes de entrar en la ceremonia de entrega de los premios del Club Español de la Energía, al que han asistido los altos ejecutivos de todas las compañías afectadas.

En declaraciones a la prensa, la ministra ha defendido que el Gobierno está haciendo «todo lo que está en su mano para dar una respuesta adecuada a una situación de extrema volatilidad y turbulencia», y ha intentado tranquilizar al sector diciendo que las medidas son «en gran parte coyunturales».

«Estoy segura de que lograremos encontrar el camino del interés general a todo esto. Me siento cómoda aquí, ya que es importante trabajar con todas las empresas de los sectores sobre los que tengo responsabilidad en el Gobierno», ha añadido.

RESPALDO DE EUROPA

Preguntada por si tiene intención de hacer algún cambio en las medidas aprobadas, tras las presiones efectuadas por parte del sector, que habló del cierre de las nucleares o de interponer acciones judiciales, Ribera ha zanjado el tema: «Las leyes son inamovibles hasta que se cambian y no tenemos intención de cambiarla».

La vicepresidenta tercera también ha asegurado que el Gobierno se siente «respaldado y entendido» por Bruselas. En cualquier caso, ha vuelto a señalar que lo ideal es que Europa adopte una respuesta común a un problema «no solo español, sino que afecta a todas la economía y sociedad europea».

Al frente, la presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni, ha dicho en su intervención que el sector tiene que ser capaz de proteger a los consumidores vulnerables al mismo tiempo que «se cumple con todas las reglas establecidas a nivel europeo, garantizando en todo momento la seguridad jurídica y regulatoria, sin olvidar la competitividad y reputación de las empresas».

En su opinión, mantener esta seguridad jurídica permitirá atraer los fondos europeos y otros recursos adicionales de inversores procedentes de lugares comprometidos con transición ecológica. «Hay una brecha actual entre los objetivos perseguidos y lo que el común de la gente entiende, pero hay que romper esa brecha y llegar a todos a través de una buena comunicación», ha concluido.