El Gobierno cántabro plantea retomar el CES a través de la ley de participación ciudadana

Fernández aboga por llegar a una «fórmula de consenso» para tener un órgano que «realmente pueda hacer las funciones para las que fue concebido» en la ley

El Gobierno regional ha planteado la posibilidad de retomar la composición y puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social a través de la ley de participación ciudadana, que tramita en la actualidad el Ejecutivo y que va a incluir un apartado sobre órganos colegiados dependientes de la administración, como el CES.

Así lo ha anunciado esta tarde en el Pleno del Parlamento la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, en respuesta a una interpelación del PP sobre la puesta en funcionamiento del CES, regido por una ley que se publicó en diciembre de 2018 y con entrada en vigor prevista en julio de 2019, mediante un decreto que recurrieron CCOO y UGT.

Ambos sindicatos estaban en contra del número de participantes de USO -dos, con los que entendían que estaba «sobrerrepresentado»- y su oposición llevó al bipartito PRC-PSOE a suspender el verano pasado nombramiento de los miembros de este órgano consultivo. A ello se sumó la pandemia del coronavirus, que ha «entorpecido» su constitución, al resultar «inviable» la reunión presencial prevista al efecto en noviembre.

De todos modos, la consejera ha remarcado que la composición de este órgano crea «tensiones entre sus componentes», cuando la idea del CES es alcanzar decisiones -en materia social, económica y laboral- «de máximo consenso», con lo que su utilidad se vería «gravemente comprometida».

Por eso, el Gobierno, aprovechando la tramitación de la nueva norma de participación ciudadana y del apartado relativo a la misma en los órganos colegiados dependientes de la administración, está valorando la posibilidad de que esta ley introduzca una nueva regulación de la composición del CES, para «asemejarla» además a la de los consejos del resto del país.

En este sentido, Fernández ha indicado que en la mayoría de las comunidades autónomas solo forman parte de estos órganos los sindicatos más representativos y únicamente en País Vasco y Navarra, además de en Cantabria, se incluyen miembros de otras organizaciones sindicales, aunque se exige un mínimo de un 10% de representación.

La titular de Presidencia ha detallado así que la mayoría de las regiones cuentan con tres grupos para la composición del CES, dos de ellos constituidos por representantes de sindicatos mayoritarios y organizaciones empresariales con ese mismo carácter, y el tercero integrado por una mezcla de expertos y representantes de cámaras de comercio, industria, sector primario, organizaciones de consumidores, universidades y federaciones de municipios.

«Que ese modelo sea mayoritariamente elegido por el resto de comunidades autónomas nos hace pensar en la posibilidad de estudiar la conveniencia de adaptar nuestro modelo mediante una nueva regulación de la composición del CES de Cantabria a través ley de participación ciudadana que está elaborando la Consejería de Presidencia», ha apuntado su titular.

Y es que a su juicio, aunque es «muy importante recoger las «distintas sensibilidades políticas, económicas y sociales» en la composición del CES, como se intentaba en la redacción inicial y posterior modificación de la ley que regula este órgano consultivo, la «imposibilidad» de llegar a acuerdos en materias «de gran importancia» para Cantabria puede llevar a una «inoperancia» del consejo.

FÓRMULA DE CONSENSO

Para evitar esto, y ante la negativa de CCOO y UGT -y también la CEOE- a constituir el CES, la responsable de Presidencia ha abogado por intentar llegar a una «fórmula de consenso» para tener un órgano que «realmente pueda hacer las funciones para las que está concebido» en la ley

«Creo que tenemos que parar, pensar y retomar este asunto desde otra perspectiva», ha opinado la consejera, que va a trasladar a los grupos políticos los informes jurídicos del Gobierno sobre la situación del CES, porque no quiere «ir sola» en este proceso, sino contar con «la participación de todos», pues el actual Consejo Económico y Social -creado en 1992 y suprimido en 2012 por el PP- se puso de nuevo en marcha bajo dos preceptos: «pluralidad y austeridad», como ha recordado para finalizar.