El Gobierno avanza en la creación del Consejo de Memoria Democrática, que acogerá una Comisión de la Verdad

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este miércoles en el Pleno de Congreso que el Gobierno va a enviar «de manera inminente» al Consejo de Estado el real decreto que regulará el Consejo de Memoria Democrática, un órgano que acogerá la «comisión de la verdad» encargada de «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura», como forma de «favorecer la convivencia democrática».

Con este real decreto sobre el que el máximo órgano consultivo del Estado deberá emitir, el Ejecutivo desarrolla lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022.

Según ha avanzado el ministro, en el marco de la interpelación que le ha formulado la diputada de Bildu, Bel Pozueta, en el seno de este Consejo se creará la «comisión de la verdad», una comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, e independiente, destinada a «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura», como forma de «favorecer la convivencia democrática».

Esta comisión podrá recibir testimonios, información y recopilar documentos que le permitan, «con objetividad e imparcialidad», la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y evitar a que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro.

La comisión elaborará un informe para sistematizar la información existente sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura, con el objeto de superar la fragmentación y dispersión de información y esfuerzos. Igualmente, podrá proponer un plan ordenado de investigaciones, así como la promoción de metodologías y protocolos de actuación en este ámbito, según prevé la ley.

ACADÉMICOS Y EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS

La composición de la comisión se establecerá vía reglamento, pero la norma ya prevé que esté integrada por «personas de reconocido prestigio en el mundo académico y en el ámbito de los Derechos Humanos». También habrá de fijar un plazo para que cumpla su cometido y las condiciones para que el Consejo pueda contar con un mecanismo formal de validación, presentación formal y difusión de las conclusiones de sus informes, asegurando la participación y el reconocimiento oficial de las víctimas y sus familiares.

De su lado, el futuro Consejo de la Memoria Democrática, adscrito al ministerio de Torres y presidido por él, será un órgano «colegiado consultivo» que estará compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito.

Entre sus funciones tendrá informar del proyecto del Plan de Memoria Democrática y del plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación, así como conocer los informes anuales de seguimiento y evaluación de los mismos y elaborar informes y recomendaciones sobre las políticas memorialistas y valorar las ayudas y apoyos de la Administración General del Estado a las mismas.

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