El Gobierno asegura que el convenio que firmó para la serie de Pedro Sánchez prohíbe hacer publicidad política
El Gobierno ha defendido la legalidad del convenio que suscribió para colaborar en una serie de televisión sobre la actividad del presidente Pedro Sánchez y de los altos cargos de Moncloa, y asegura que en ese documento se garantiza que no cabe hacer publicidad política partidista.
En una serie de respuestas parlamentarias a Ciudadanos y Vox, el Gobierno recuerda que la realización de esta serie documental, todavía pendiente de estreno, es una iniciativa de las productoras Secuoya Contenidos S.L.U. y The Pool S.L. y tiene por objeto «dar a conocer a los ciudadanos el funcionamiento de la Presidencia del Gobierno, sus principales actividades y la labor de las personas que prestan sus servicios».
Sin embargo, y pese a que la serie se centra en Pedro Sánchez y su equipo, el Ejecutivo asegura que «dentro de este objeto no cabe ningún tipo de publicidad partidista o política», e incluso así se recoge en la cláusula segunda del Convenio en referencia a los principios de actuación.
En las respuestas, recogidas por Europa Press, el Gobierno también defiende la vía legal utilizada del convenio de colaboración y no un contrato, y remarca que este instrumento jurídico «cumple todas las consideraciones legales reiteradas en diversos informes de la Abogacía General del Estado para calificar un instrumento jurídico como Convenio».
«El Convenio se ha tramitado siguiendo el procedimiento administrativo que la ley establece y cuenta con los pertinentes informes favorables del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de la Abogacía del Estado –detalla–. Es un Convenio de colaboración, regulado en el Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, mediante el cual se regulan las obligaciones, compromisos y derechos de cada una de las partes».
EL 20% DE LOS INGRESOS, PARA ONGS
Según este acuerdo firmado, los productores son los responsables de la distribución del documental (cláusula tercera 1.f), por lo que «no corresponde al Gobierno hacer ningún tipo de gestión sobre esta cuestión».
Además, viene a decir que Moncloa no busca sacar beneficios económicos y que en la cláusula cuarta del convenio se establece que una comisión de Seguimiento realizará la selección de las organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, fundaciones o asociaciones con derecho a percibir el 20% de los ingresos netos de la explotación de documental.
