El Gobierno apuesta por una Justicia que proteja a mujeres y menores víctimas de violencia de género

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús-Dolz, pide coordinación para atender a «las demandas» de los ciudadanos

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha defendido este lunes en Santander la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por una Justicia que responda a los «intereses públicos», destacando la «atención especial» que merece la protección de las mujeres y menores de edad víctimas de violencia de género.

Así, ha defendido una «perspectiva de género» de la normativa procesal penal y de la Ley de enjuiciamiento criminal (LEcrim), según ha dicho en la inauguración del IV Encuentro Una Justicia de futuro en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Además, ha abogado por la constitución de las llamadas «salas amigables» para proteger a los menores evitando situaciones de «revictimización» y hacer «efectiva» de esta manera la protección del «superior interés del menor».

Además de destacar que el actual Ejecutivo quiere afrontar «con diálogo la problemática» de la Justicia, para lo que «es necesario» escuchar a los actores jurídicos para llegar a «soluciones de consenso», ha apelado a la colaboración de «todos» los colectivos implicados y que tienen «reivindicaciones legítimas». El motivo es que, aunque el panorama «se presenta difícil», hay que atender a las «demandas» de la ciudadanía y «no solo» las de los colectivos de la Justicia.

También ha reivindicado que el Ejecutivo parte «del principio de igualdad» y «quiere incidir» en que la Constitución Española de 1978 responde a «un modelo de Estado social» y «democrático de Derecho». Además, ha manifestado que esta igualdad supone que las leyes «no» sean telas de araña para los colectivos más «débiles», sino que «la ley del más débil sea la más fuerte», en relación también al colectivo de personas con discapacidad.

VE «OPORTUNO» ADECUAR LA CONSTITUCIÓN A UN LENGUAJE «INCLUSIVO»

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, ha valorado como «oportuna e interesante» la iniciativa anunciada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, de encargar a la Real Academia Española (RAE) un estudio sobre «la adecuación» de la Constitución española a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres».

A este respecto, el secretario de Estado de Justicia la ve «oportuna» en relación con el «planteamiento constitucional y político del principio de igualdad y de evitar cualquier tipo de lenguaje discriminatorio que produzca desigualdades en el trato, concretamente, de las ciudadanas».

Sin embargo, no ha querido valorar la reacción del escritor y académico de la RAE Arturo Pérez Reverte, que ha amenazado con dejar su puesto en la Academia si se revisa la Constitución para adecuarla el lenguaje inclusivo.

«El Gobierno respeta todas las opiniones y, evidentemente, nuestra posición no va a variar en ese aspecto. Respetamos cualquier opción personal frente a una acción que pueda tener el Gobierno en defensa de los intereses generales», ha zanjado.

JURISDICCIÓN UNIVERSAL Y DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 324 DE LA LECRIM

En el encuentro también se ha referido a que el Gobierno quiere volver a la jurisdicción universal y al anuncio hecho por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de querer derogar el artículo 324 de la LEcrim para responder a una «reivindicación» de los colectivos «afectados».

En este sentido, ha aclarado que el actual equipo de Justicia «no discute» que la Justicia «tiene que ser ágil», pero considera que el actual modelo ha causado «disfunciones» y «enfrentamientos».

De la misma manera, el secretario de Estado de Justicia ha reivindicado que la seguridad jurídica «requiere confianza» y «especialmente» en la Administración de Justicia, al tiempo que ha señalado que se ha «acreditado» de forma empírica que el «buen funcionamiento» del sistema judicial «promueve el desarrollo» de mercados financieros o impacta «positivamente» en el tamaño de las empresas y en su capacidad de crecimiento y grado de especialización.

Además, ha lamentado que, entre los años 2011 y 2016, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, hubo un «superávit» o «exceso» legislativo que causó «perturbaciones» a algunos colectivos, pese a lo cual, ha añadido, siguen existiendo «deficiencias», y ha concretado que Justicia es un Ministerio en el que se invierte «el 0,3 por ciento» de los Presupuestos Generales del Estado.

«Somos un Ministerio austero», ha añadido, para concretar que de este porcentaje, un 80 por ciento del dinero se dedica al gasto de personal, para añadir que la «sobrecarga» de trabajo existente lleva a «optimizar recursos».

Y en relación con la digitalización de la Justicia, ha asegurado que este proceso del papel cero «no tiene vuelta atrás» porque «el papel, o es papel digital o será papel mojado» y hay que «apostar» por este sistema en el que las tecnologías disruptivas «coadyuvan» a una «sociedad mejor».

COLABORACIÓN «ABSOLUTA» DEL CGJP CON EL GOBIERNO

Después de intervenir en la inauguración, Manuel Jesús-Dolz ha moderado una mesa redonda en la que han participado el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Manuel Fernández Martínez, y los fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) Javier Zaragoza Aguado y Jaime Moreno Verdejo.

En primer lugar, Fernández Martínez le ha asegurado al secretario de Estado que la colaboración del CGPJ será «absoluta», aunque ha recordado que en diciembre tendrá lugar la renovación de sus vocales, al tiempo que ha calificado como un «enorme inconveniente» que «lastra mucho la efectividad» del sistema judicial que se sigan teniendo sistemas de gestión informáticos «incompatibles» en la Justicia. «Esto es una verdadera tragedia», ha apostillado.

Mientras, Zaragoza se ha referido a la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de considerar procedente la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos, pero rechazando el cargo de rebelión, afirmado que aunque so puede decir «cuál es la solución», sí «está convencido» de que las euroórdenes de detención van a seguir siendo «una herramienta» y espera que «no afecte» la decisión relacionada con el procés a otras materias.

También ha apostado por una reforma del Código Penal para asentar un nuevo modelo de justicia penal y se ha cuestionado que la división territorial en materia judicial sirva para casos de «delitos graves», por ejemplo, financieros o económicos, al tiempo que se ha referido a la necesidad de que haya una Justicia «ágil, de calidad, moderna» y con profesionales «bien formados y especializados».

Igualmente, se he referido a la duración de las causas penales como uno de los «males» que se han convertido en «endémicos», y aunque considera «loable» que en 2015 se introdujera una reforma legal para limitar la duración de las causas, «no basta». A su juicio, estos «problemas no se solucionan con la mera promulgación» de leyes, sino que son «necesarios» más recursos y un marco organizativo y procesal «nuevo».

Finalmente, Moreno Verdejo ha advertido de que la reformas judiciales como las que se debaten en el ámbito penal «no» son «a coste cero», sino que «vale mucho dinero», y se ha referido a esta como una cuestión que no es «un debate meramente ideológico», sino de «eficacia».

En su opinión, el tiempo de instrucción «es muy largo» y se ha mostrado partidario de ir a «juicios directos», que no «rápidos», y ha manifestado su «miedo» a que si la investigación penal la lleva un fiscal en lugar de un juez de instrucción, pero no hay un cambio cultural, «todo siga igual».