El Gobierno aprueba los proyectos de ley de Protección Civil y Emergencias y del Consejo de la Juventud

Autorizado un protocolo de colaboración con Cocemfe y Alsa para la accesibilidad universal del transporte público de viajeros por carretera

El Gobierno de Cantabria ha aprobado en su reunión semanal de este jueves los proyectos de ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias y creación del Consejo de la Juventud de Cantabria.

El Ejecutivo también ha dado el visto bueno a la liquidación del presupuesto de 2017 y su remisión al Parlamento regional y a un protocolo de colaboración con Cocemfe y la empresa Alsa encaminado a implantar medidas para avanzar en la accesibilidad universal del transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma.

En cuanto al proyecto de Protección Civil, el Gobierno ha explicado en un comunicado que la nueva ley se adapta a las directrices y mecanismos de colaboración del Sistema Nacional e incluye la elaboración de un plan estratégico y mejoras en la gestión y en el sistema de intervención, fruto de la experiencia y aplicación de la ley vigente, de 2007.

La nueva norma fija unas directrices comunes de protección civil que hacen posible una mejor coordinación y actuación conjunta de todos los servicios y administraciones implicadas.

Del mismo modo, mejora los sistemas de prevención de situaciones de emergencia, mediante la determinación previa de los riesgos en nuestro territorio, basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas.

Se contemplan así instrumentos de análisis que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas: Estrategia de Protección Civil, Inventario de Riesgos de Cantabria, Mapa de Riesgos y un Registro de Planes de Protección Civil de Cantabria.

El ámbito de Protección Civil recogido en la ley contempla cinco actuaciones concretas: prevención de riesgos colectivos, planificación de medios; intervención y respuesta inmediata en caso de emergencia; recuperación de infraestructuras y servicios esenciales, junto al seguimiento y evaluación permanente del sistema para que resulte un conjunto coherente y homogéneo que integre a las administraciones públicas estatal, autonómica y local.

En Educación, además del proyecto de ley de creación del Consejo de la Juventud, sobre el que informó ayer el consejero, Francisco Fernández Mañanes, se aprobó un decreto que modifica la regulación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, con el fin de permitir la configuración de una oferta formativa adaptada a las necesidades e intereses personales del alumnado.

El objetivo, según el Gobierno, es permitir un mayor espacio de autonomía a los centros que imparten ESO y que cumplan los requisitos establecidos.

Además, se autorizaron convenios con el Ayuntamiento de Santander, para la mejora de la empleabilidad de los estudiantes de formación profesional que hayan finalizado estudios de ciclo formativo de grado medio y superior en centros de Santander o que estén empadronados en el municipio; y con los ayuntamientos de Cabuérniga, Los Tojos, Mazcuerras, Miengo, Ruente, Udías y Valdáliga, por los que se articula su cooperación en el programa de recursos educativos para la ESO.

También se concedieron subvenciones para infraestructuras deportivas, de 250.000 euros al Ayuntamiento de Colindres y de 80.000 al de Noja.

En Medio Rural, se autorizó una aportación de 120.000 euros a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria.

En Universidades, se autorizaron varios contratos por un total de 415.730 euros, para un programa de coeducación e igualdad y prevención contra la violencia de género destinado a alumnos y profesores de centros educativos; para dirección de obra, control de instalaciones y coordinación de seguridad y salud en la construcción del módulo 1 y zonas terapéuticas del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana; y la prórroga del servicio de gestión, atención al público y actividades de educación ambiental en centros de visitantes.

Por último, se aprobó un convenio con el Centro Nacional de Información Geográfica para actuaciones conjuntas en el ámbito del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, con un coste de 97.623 euros.