El Gobierno aprueba la orden que desarrolla el sistema de Certificados de Ahorro Energético
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la orden ministerial que desarrolla varios elementos del Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).
En concreto, esta orden ministerial desarrolla varios elementos del Real Decreto 36/2023, como las figuras del sujeto delegado, el verificador del ahorro de energía o el Registro Nacional de CAE.
En un comunicado, el gabinete dirigido por Teresa Ribera señala que su aplicación facilitará que se alcancen los objetivos nacionales de ahorro fijados por la normativa comunitaria, permitirá a las comercializadoras de energía cumplir sus obligaciones de ahorro de modo más flexible, beneficiará a los consumidores e impulsará el empleo, la productividad y la competitividad empresarial.
Así, la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, insta a los estados miembros a la creación de un Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (Snoee) que permita asignar a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por menor, una cuota anual de ahorro energético en el ámbito nacional, en función de su volumen de ventas, que en el caso español se traduce en aportaciones financieras equivalentes al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
Con el fin de reforzar el Snoee, las energéticas sujetas a una cuota anual de ahorro, podrán voluntariamente sustituir sus pagos al FNEE, en un porcentaje que se determinará anualmente y que en 2023 llega al 40%, por un ahorro de energía final equivalente que podrán acreditar con CAE.
Los CAE podrán comercializarse, monetizando el ahorro, y se obtendrán como contraprestación de medidas de eficiencia energética que podrán estar incluidas en un catálogo de medidas estandarizadas recogido en una orden ministerial en avanzado estado de tramitación. Los CAE serán emitidos por el gestor designado por cada comunidad y ciudad autónoma y la coordinación del sistema corresponderá al Ministerio.
De esta manera, este sistema permitirá incrementar las obligaciones de ahorro en línea con la nueva normativa europea, beneficiando a la vez a los sujetos obligados -cuyas obligaciones económicas amortigua-, a los consumidores finales -que verán una reducción en sus facturas energéticas- y a los ciudadanos, que tendrán que soportar menores cargas burocráticas.
