El Gobierno aprueba el decreto que regula la asistencia jurídica gratuita, dotada con 500.000 euros más
Aumenta un 20% las retribuciones de abogados y procuradores de oficio
El Gobierno cántabro ha aprobado el decreto que regula la asistencia jurídica gratuita con un incremento de 500.000 euros para prestar este servicio, hasta alcanzar los 3 millones, con el fin de garantizar el derecho a la justicia de los colectivos más vulnerables.
Con este aumento, subirán de media un 20 por ciento las cuantías que perciben abogados y procuradores del turno de oficio hasta situarlos dentro de la media española. De los 3 millones de euros de dotación total, 2,5 millones son para abogados, 244.000 euros para los procuradores y otros 220.000 euros para financiar las pruebas periciales.
Además, el reglamento refuerza el acceso a la justicia gratuita al introducirse nuevos mecanismos de gestión administrativa y módulos retributivos más concretos, en función de la correspondiente intervención judicial, lo que agiliza posteriormente la tramitación de los expedientes de los beneficiarios.
La aprobación de este decreto es uno de los acuerdos que se han adoptado en el Consejo de Gobierno de este jueves, y de los que ha dado cuenta el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, en una rueda de prensa posterior.
El nuevo reglamento aumenta las retribuciones en un 20 por ciento de media respecto a 2019, año de la última actualización del turno de oficio, si bien el pasado año el Ejecutivo regional subió de forma transitoria un 7,8 por ciento las partidas de justicia gratuita para los colegios profesionales de abogados y procuradores ante la «imposibilidad de aprobar en ese ejercicio el nuevo decreto debido a la falta de los últimos informes preceptivos».
El incremento de los módulos y las bases de compensación económica que se establecen en el nuevo decreto tendrán efecto retroactivo al 1 de enero de 2023 para los profesionales que ejercen el turno de oficio.
El decreto regula, además, el régimen de funcionamiento y deliberación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, encargada de valorar las solicitudes. Asimismo, mejora la gestión administrativa de los expedientes de justicia gratuita, iniciados en los servicios de orientación jurídica del Colegio de la Abogacía de Cantabria y su posterior valoración por parte de la Comisión para el reconocimiento de los beneficiarios.
Para la elaboración de la norma, el Ejecutivo ha tenido en cuenta las propuestas de los colegios profesionales durante el proceso de información pública del reglamento y el estudio comparativo con respecto a otras comunidades autónomas.
La Consejería de Presidencia y Justicia finaliza así la tramitación administrativa de este reglamento, tras casi dos años, ya que el procedimiento se ha visto retrasado por la pandemia y la imposibilidad de aprobar la norma debido a la falta de los últimos informes preceptivos de diversos órganos estatales, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
NUEVOS INCREMENTOS EN LOS BAREMOS
El Gobierno cántabro tiene previsto formar un grupo de trabajo con los colegios profesionales de Abogados y Procuradores para mejorar el funcionamiento de la Comisión de Justicia Gratuita, en la que ambos están representados, e iniciar un trabajo conjunto para seguir mejorando los baremos del turno de oficio.
Según el Gobierno, desde que Cantabria asumió la competencia de justicia en 2008 se han realizado sucesivas actualizaciones de los módulos que perciben abogados y procuradores. Así, en 2008 se incrementó un 10 por ciento a los abogados; posteriormente, en 2016 se incrementó un 17 por ciento a los procuradores y un 7 por ciento a los abogados; en 2019 se incrementó a ambos otro 0,6 por ciento; y finalmente, en 2022 se aplicó, debido a la inflación, un incremento del 7,8 por ciento.
Entre otras prestaciones, los servicios de justicia gratuita implican el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso; la asistencia de abogado al detenido, preso o imputado; defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial; inserción gratuita de anuncios o edictos; exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos, asistencia pericial gratuita, obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales y reducción de los derechos arancelarios, en su caso.
Además de aprobar este decreto, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para el desarrollo de actividades de formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados.
Éste incluye la organización de jornadas, seminarios y cursos y la realización de investigaciones, estudios y publicaciones que puedan contribuir al reciclaje y perfeccionamiento de dichos jueces y magistrados. Igual ámbito de formación podrá extenderse a los Jueces de Paz de los municipios de Cantabria y Jueces sustitutos.
Asimismo, y en atención al contenido de las actividades de formación y perfeccionamiento se posibilitará la asistencia y participación en las mismas de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Ambas instituciones colaborarán en el diseño, financiación, organización y ejecución de las actividades de formación y promoverán cuantas sean convenientes previa consulta a los profesionales destinatarios de la formación y prestando particular atención a materias relacionadas con el Derecho Autonómico, Derecho Comunitario y Derechos Humanos.
