El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Economía Social que amplía colectivos y combate el intrusismo

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una iniciativa que busca «atajar el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización».

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda del Gobierno ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que con esta norma se pretende «modernizar y modificar de manera definitiva las normas reguladoras de la economía social, del cooperativismo y también de las empresas de inserción».

Así, ha defendido que para el Gobierno la economía social «no es un apellido ni es un elemento cosmético, forma parte del protagonismo de la acción económico-social» del Ejecutivo.

Esta norma modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social. El primero de los tres artículos adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.

En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75%.

El artículo segundo del anteproyecto aprobado hoy modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De este modo, «se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización». Por ejemplo, ahora también serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes.

Asimismo, el anteproyecto incluye una definición de empresa de inserción «más adecuada y coherente» con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas «permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral».

La nueva norma también modifica la Ley de Economía Social, «clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector». Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.

EL PESO «IMPORTANTÍSIMO» DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA

La economía social, según ha recordado Díaz, tiene un «peso importantísimo» en el Producto Interior Bruto de España, ya que «supera el 10 por ciento, emplea a más de 2,5 millones de trabajadores y aglutina a más de 43.000 empresas. «Es una economía solidaria, democrática, fundamentalmente en sus formas de liberación y de toma de decisiones», ha dicho.

«Es especialmente feminista. Es una economía que abraza a las mujeres y que el impacto de género que tiene es sustancialmente importante. Le quiero dar las gracias al sector que ha trabajado en esta norma durante muchísimo tiempo y, sobre todo, porque la economía social, más allá de sus distintas formulaciones jurídicas, tiene que ver con el territorio de nuestro país», ha incidido.

La ministra ha recalcado que se trata de una economía «que es resiliente pero que está anclada en todos los aspectos rurales» de España y que es una economía «que no compite, sino que colabora, cuida el planeta, se desarrolla en el campo y en la pesca». «Estamos hablando de algo tan importante como las cofradías de pescadores, pero todo el cooperativismo agrario en España tiene que ver con la banca ética o el cooperativismo rural», ha agregado.

Con esta norma, Díaz ha subrayado que modernizan el conjunto de la economía social, al digitalizar «toda la economía social, no solo en lo que tiene que ver con la forma de la economía social, sino en la deliberación y en la toma democrática de las decisiones».

Igualmente, la nueva ley busca «feminizar» la economía social con «identidad de criterio». «Les exigimos a las empresas cooperativistas, más allá de sus formulaciones que tengan, que se doten de planes de igualdad en las empresas. Esto tiene que ver con las mismas normas que en el resto de las empresas de la economía convencional y desde ya mismo están obligadas a presentar planes de igualdad en aquellas empresas que superen los 50 trabajadores», ha avisado.

«Pero damos un paso más y es que les exigimos a los socios cooperativistas que tengan una comisión específica de igualdad y además que puedan hacer planes de igualdad para también la parte de la dirigencia de este tipo de sociedades», ha indicado.

Por otra parte, esta ley modifica «toda la norma de las empresas de inserción social». «Ampliamos la definición de los colectivos o ensanchamos el concepto de vulnerabilidad social al que se pueden acercar las empresas de inserción y, fundamentalmente, lo que hacemos es un posicionamiento hacia las empresas de inserción sin ánimo de lucro, que es un gran debate en nuestro país», ha asegurado.