El Gobierno afirma que Marruecos tiene derecho a aprobar leyes marítimas pero que la delimitación debe ser acordada
Las estudiará «meticulosamente», se reserva el derecho a reaccionar y dice que lo relativo al Sáhara compete a instancias internacionales
La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que Marruecos, con la aprobación de sus leyes de delimitación marítima, está «ejerciendo un derecho que le reconoce la Convención del Derecho del Mar», igual que a España y a todos los países que la han ratificado, pero que donde hay solapamientos la delimitación debe ser acordada.
«En Derecho del Mar no hay lugar para actos unilaterales, donde haya solapamiento la delimitación se hará de manera negociada», ha dicho la ministra, recalcando que esa es también la posición de Marruecos. «Estamos de acuerdo en que cuando se produzca esa delimitación solo se podrá hacer mediante acuerdo entre ambos Estados respetando la Convención del Derecho del Mar», ha zanjado.
González Laya ha respondido así a la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, que ha emplazado al Gobierno a ser «proactivo» para negociar con Marruecos la delimitación de las fronteras marítimas y, entre tanto, garantizar por la vía diplomática que Marruecos respeta «el statu quo» actual y no aprueba «legislación propia».
En caso contrario, ha dicho, el Gobierno debería presentar «una queja formal» en la ONU por contravenir el Derecho del Mar. A juicio de Oramas, en esta actitud de Marruecos hacia España pesa el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompiera la tradición y no viajase a Marruecos como primer destino exterior al llegar a la Moncloa.
Oramas también ha advertido al Gobierno de que las leyes marroquíes afectan a las aguas del Sáhara Occidental y ha avanzado que presentará una moción para defender que «no puede hacer una expansión y una apropiación del mar». Es más, ha dicho a la ministra que esa será también «la posición de sus socios de Podemos, del PNV, de Bildu y de ERC, no dejar el Sáhara a una política de hechos consumados».
González Laya ha respondido que la inclusión de las aguas del Sáhara en las leyes marroquíes «es una cuestión de Derecho Internacional Público cuya resolución corresponde a las instancias internacionales competentes» y «no altera la posición de España sobre el Sáhara, que se sustancia en la ONU».
Además, ha asegurado que la posición española sobre este territorio es la misma «posición de Estado» de siempre y ha dicho a la diputada que el Gobierno podría estar de acuerdo con su moción «si está en línea con los compromisos internacionales y de respeto a la legalidad internacional asumida por España».
NO CABE QUEJARSE EN UNA INSTANCIA INTERNACIONAL
Sobre el solapamiento con Canarias, la jefa de la diplomacia española considera que en este momento «no cabe acudir a una instancia internacional para quejarse», porque por el momento Marruecos está tramitando unas leyes que expresan «su deseo» de delimitar las zonas marítimas, pero no se sabe cómo se van a trazar.
«Quisiera que no caigamos en el alarmismo porque Marruecos está haciendo exactamente lo mismo que España, usar la Convención del Derecho del Mar para fijar sus zonas marítimas», ha resumido. Eso sí, ha asegurado que, una vez que se aprueben y se publiquen las leyes, el Gobierno estudiará «meticulosamente» su contenido y se reserva «el derecho a reaccionar» como considere oportuno.
Además, ha asegurado que será transparente y cooperará con el Gobierno de Canarias en defensa del interés de la comunidad autónoma, que es el de España. «Diálogo para defender los intereses y respuesta contundente cuando entendamos que se están violando nuestros derechos», ha remachado la ministra.
LA PRÁCTICA HABITUAL ES LA EQUIDISTANCIA
Además de que Marruecos no ha culminado aún la aprobación de sus leyes –deben volver a la Cámara Baja y al Gobierno para recibir la sanción real– ha apuntado que los procesos de delimitación marítima entre dos países son largos y con un componente técnico complejo. Mientras tanto, ha explicado, no hay vacío legal, sino que la Convención establece criterios y «la práctica habitual es aplicar en esas zonas de solapamiento, en base a principios de la Convención, la equidistancia entre las costas».
España y Marruecos tienen sin pendiente de delimitación todos los espacios marítimos superpuestos, que se encuentran en tres zonas: el mar de Alborán, el estrecho de Gibraltar y las islas Canarias. De hecho, España tiene pendientes de delimitar casi todas sus fronteras marítimas, también con otros cuatro países (Francia, Italia, Portugal y Argelia).
Oramas ha replicado a la ministra preguntando por qué entonces el Gobierno español no ha actuado igual que Marruecos y aprobado leyes de delimitación marítima y ha recordado que en este asunto están en juego yacimientos de hidrocarburos, telurio y cobalto.
Estos yacimientos se han detectado al sur de las islas canarias y su explotación requeriría que España pudiera ampliar su plataforma continental desde las 200 hasta las 350 millas, algo que solicitó a la ONU en 2015, aun haciendo alusión los «derechos de terceros que puedan ser reclamados en su día», es decir, las aguas del Sáhara.
