El Gobierno admite que las fianzas de cargos catalanes al Tribunal de Cuentas no son «un asunto pacífico jurídicamente»
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha admitido este martes que el tema de las fianzas entregadas al Tribunal de Cuentas por excargos de la Generalitat bajo aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) no «es un asunto pacífico jurídicamente», pero ha declinado avanzar si el Gobierno comparte las «dudas» expresadas por este órgano que le han llevado a pedir un informe a la Abogacía del Estado.
La instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable en los gastos de las denominadas embajadas catalanas en el exterior aprecia indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero del ICF.
Por eso ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para que le aclare si esas fianzas se pueden avalar con dinero público de la entidad perjudicada por los hechos investigados, en este caso la comunidad de Cataluña.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha preguntado a la ministra Portavoz si el Gobierno comparte las «dudas» del tribunal y si augura que los servicios jurídicos del Estado las avalarán.
Rehusando anticipar en qué sentido podría pronunciarse la Abogacía del Estado, Rodríguez se ha limitado a reconocer que éste «no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico» y que por eso, «ya se solicitó un informe al tribunal de garantías», en referencia la consulta que hizo el PSC al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.
TAMBIÉN EL GOBIERNO CONSULTÓ
Además, ha recordado que el Gobierno, «en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas» también «ha iniciado los mecanismos de consulta a los servicios jurídicos en el ámbito de las normas autonómicas».
Fue el pasado 7 de julio cuando la entonces todavía vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo anunció que se iba a solicitar un informe a la Abogacía del Estado sobre el fondo creado por la Generalitat para poder avalar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, este martes la portavoz del Gobierno se ha limitado a aludir a ese informe sin dar más datos ni sobre su estado ni sobre la posibilidad de que el Gobierno acabe recurriendo o no la creación de ese fondo.
