El Gobierno aclara que el Parlamento no tiene que ratificar el acuerdo entre la UE y Londres sobre Gibraltar

Asegura que la negociación está en la «fase decisiva» y recalca que España no cederá en su reivindicación de la soberanía

El Parlamento no tendrá que ratificar el eventual acuerdo que alcancen la Unión Europea y Reino Unido y que regirá la relación futura de Gibraltar con el bloque tras el Brexit, cuya negociación se encuentra en una «fase decisiva», según ha indicado el Gobierno.

En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo aclara que las partes en el futuro acuerdo serían, «exclusivamente, la Unión Europea y Reino Unido», pero no España.

Ante la pregunta de la diputada de Ciudadanos María del Carmen Martínez Granados de si «las Cortes Generales podrán debatir y votar ese acuerdo final (…) en caso de que finalmente se someta a ratificación», el Gobierno ha recordado que la Constitución y la ley de Tratados estipula que las dos cámaras solo tienen que pronunciarse en el caso de «los tratados internacionales en los que España sea parte».

Por lo que se refiere al estado de las negociaciones, por el que también se interesa la diputada de Cs, el Gobierno aclara que están «en una fase decisiva, con las respectivas propuestas claramente expuestas».

En este sentido, en otra respuesta a una pregunta de Vox a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo saca pecho de la «propuesta global» presentada por la Comisión Europea junto con España, el cual «contiene soluciones técnicas y prácticas muy razonables, que son necesarias para la construcción de un área de prosperidad compartida y son respetuosas con las respectivas posiciones jurídicas de España y Reino Unido sobre Gibraltar».

Dicha propuesta prevé «la supresión de la Verja» e incluye «disposiciones para hacer posible la movilidad de personas y de bienes asegurando la plena integridad del área Schengen y del mercado interior de la UE», puntualiza.

Asimismo, «se contempla la protección y mejora de los derechos de los trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales y se incluyen disposiciones dirigidas a asegurar condiciones de competencia justa y leal», así como «disposiciones para luchar contra el blanqueo de capitales y para garantizar elevados estándares de protección medioambiental» al igual que «un mecanismo financiero para programas de formación y empleo en la zona».

SIN CAMBIOS RESPECTO A LA SOBERANÍA

Todo ello, puntualiza el Gobierno a los de Santiago Abascal, «sin alterar la posición de España sobre la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar».

«Ni el futuro acuerdo, ni ninguna acción o medida tomada en aplicación o como resultado del mismo, implicarán renuncia alguna, ni modificación de la posición jurídica de España con respecto a la soberanía y jurisdicción» con respecto al Peñón, recalca, en línea con lo que se ha venido defendiendo en todo el momento desde el Ejecutivo.

Así las cosas, «el Gobierno de España y la Comisión Europea esperan que, pese a la complejidad técnica de las cuestiones abordadas, (las negociaciones) puedan concluirse lo antes posible», añade en su respuesta a Ciudadanos, en la que asegura que «está plenamente comprometido con que las negociaciones, que siguen desarrollándose en un ambiente constructivo, concluyan con un acuerdo satisfactorio».

Por otra parte, el Gobierno ha dejado clara su determinación a «tomar las decisiones políticas y jurídicas oportunas que salvaguarden los derechos de los ciudadanos y empresas españolas de la zona del Campo de Gibraltar» y ha tratado en todo momento de minimizar el impacto socioeconómico de la salida de Reino Unido de la UE para esta zona «mediante medidas provisionales de contingencia, mientras dura la negociación».

CONSECUENCIAS DEL NO ACUERDO

En este sentido, advierte de que de culminar sin acuerdo las conversaciones dejarían de estar vigentes las medidas de contingencia para aplicar la legislación de la UE y llama la atención sobre el hecho de que las consecuencias «serían negativas tanto para el Campo de Gibraltar como para Gibraltar». Por ello, agrega, «confiamos en que las negociaciones concluyan con un acuerdo satisfactorio y a esta tarea estamos dedicando todos los recursos a nuestro alcance».

Por último, el Gobierno se refiere al plan para el Campo de Gibraltar aprobado en noviembre de 2018, en el que han trabajado diez ministerios en colaboración con la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad del Campo con vistas a dinamizar socioeconómicamente esta zona, cuyas medidas se han ejecutado al 75% y se han movilizado más de 191 millones de euros.

El plan, puntualiza, sigue en curso «con especial atención a las infraestructuras en la zona, para lo que está prevista una inversión de 841 millones de euros».