El Gobierno abre la puerta a la entrada de la competencia en los trayectos de autobús

Habilita a los ayuntamientos a establecer peajes en las zonas urbanas de bajas emisiones

El Gobierno ha iniciado el proceso necesario para liberalizar el transporte de viajeros por carretera, lo que permitirá la entrada de la competencia y la actividad de varias empresas en algunas líneas interurbanas, tal y como ya pasa en otros países europeos.

Según explican a Europa Press en fuentes del Ministerio, la actual ley por la que se rige este sistema necesita de una actualización y modernización, con el objetivo de «racionalizar» las 72 concesiones que hay, de las que 40 de ellas ya han vencido pero se han prorrogado.

Este cambio en las concesiones se hará a través de la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo anteproyecto de ley se aprobó este martes, que creará un nuevo mapa de concesiones en el transcurso de un año desde la aprobación definitiva de la ley, que se espera para finales de 2023.

De esta forma, por primera vez, se autorizará al Consejo de Ministros a permitir que algunas rutas de autobús queden liberalizadas, como ya ha ocurrido en el ámbito ferroviario y que ha supuesto la entrada de dos nuevas compañías competidoras de Renfe.

Así, las líneas interurbanas de autobús, que tiene a Alsa como principal operador en régimen concesional, podrán ser operadas por nuevas empresas como FlixBus, que ya ha trasladado en varias ocasiones su deseo de operar en líneas nacionales, toda vez que ya opera en rutas internacionales que pasan por España, un mercado que ya está liberalizado.

Desde el Ministerio aclaran que ninguna ruta con una concesión vigente se abrirá a la competencia, sino que solo afectará a las vencidas, así como al resto una vez vayan caducando. Asimismo, la entrada no comenzará con la iniciativa de la empresa, sino del Gobierno, que decidirá primero qué líneas abrir.

PEAJES URBANOS

Por otra parte, esta misma Ley de Movilidad también habilitará a los ayuntamientos a establecer peajes urbanos en sus zonas de bajas emisiones, aunque siempre a iniciativa de los propios ayuntamientos, que serán los que definan cualquier sistema en sus municipios.

Se trata de una habilitación por parte del Ministerio de Hacienda que añade este peaje al conjunto de tasas que tienen las entidades locales, ante la petición por parte de algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, para poder hacerlo.

En Londres, una tasa parecida lleva en vigor desde hace casi 20 años y su intención es desincentivar la entrada de vehículos privados en el centro de la ciudad para evitar un gran volumen de tráfico en zonas con prioridad peatonal, así como reducir la contaminación.

Actualmente, por normativas europeas, todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes –o de 20.000 en algunos casos– están obligados a crear una zona de bajas emisiones, en las que pueden o bien prohibir la entrada de ciertos vehículos o, una vez se tramite esta ley, cobrar una tasa por entrar.

TRANSPORTISTAS

Junto con la Ley de Movilidad, el Gobierno también ha aprobado este martes las medidas a las que se comprometió con los transportistas el pasado mes de diciembre, que incluyen la prohibición de que los camioneros hagan la carga y descarga o de que se pacte que los transportistas asuman el incremento del precio de los carburantes.

Los cargadores ya han trasladado su negativa a la introducción de estas medidas, ya que ahora serán ellos los únicos encargados de realizar la carga y descarga. En el Ministerio aclaran que los transportistas son «el eslabón más débil de toda la cadena», puesto que no tienen la misma capacidad de trasladar a los precios los incrementos que se dan a lo largo de esta cadena de suministro.

En el paquete de medidas aprobado por el Gobierno también se incluía una norma para introducir la revisión de precios en la obra pública, y amortiguar así el impacto del encarecimiento de las materias primas, o la racionalización del gasto, un elemento con el que el Ministerio prevé ahorrar hasta 8.000 millones de euros en ineficiencias en toda una década.