El Gobierno abre el proceso para crear nuevos mecanismos para movilizar inversiones en eficiencia energética

Permitirá que las que empresas obligadas puedan sustituir parte de su aportación económica al FNEE por certificados de ahorro energético

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a consulta pública previa el proyecto de Real Decreto por el que se regulará un mecanismo para acreditar que las empresas incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética han cumplido con parte de las obligaciones derivadas del mismo.

En concreto, la finalidad de esta nueva normativa será la creación de un mecanismo que, con carácter complementario y dada la situación económica actual tras el impacto de la pandemia del Covid-19, permita que los sujetos obligados puedan sustituir parte de su aportación económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), necesaria para cumplir con el objetivo de ahorro de energía establecido para el periodo 2021-2030, siempre que sean capaces de acreditar ahorros de energía final suficientes mediante Certificados de Ahorro Energético (CAEs).

De esta forma, se genera «un nuevo instrumento que dote de mayor flexibilidad el impulso de inversiones en eficiencia energética y, con ello, los objetivos establecidos», informó el Ministerio.

Esta norma contribuirá a cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca la senda de reducción de emisiones en la presente década y que espera alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030.

La reducción del consumo de energía primaria propuesta equivale a una mejora de la intensidad energética primaria -la energía que se necesita para generar una unidad de Producto Interior Bruto (PIB) en el país- del 3,5% anual hasta 2030, lo que redundará de manera positiva en el conjunto de la economía española.

Según indicó el Ministerio, para poder alcanzar estos valores, «que suponen un incremento relevante respecto a los objetivos de eficiencia energética vigentes hasta el momento», es necesario activar nuevos mecanismos e instrumentos que se sumen a los actuales y faciliten su cumplimiento, entre ellos este mecanismo de certificación de ahorro energético (CAEs) para las entidades incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética.

A este respecto, ya existen mecanismos similares en más de una decena de Estados miembro de la UE, aunque no existen dos iguales, dado que las partes obligadas y la cobertura sectorial son diferentes según el país.

EL FNEE HA MOVILIZADO MÁS DE 1.000 MILLONES EN CINCO AÑOS.

En España, en la actualidad y de acuerdo con la normativa comunitaria, para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deben realizar una contribución financiera al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Este fondo ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía en distintas líneas de actuación que han abarcado, entre otras, rehabilitación energética de edificios o apoyo a inversiones en eficiencia energética en el sector industrial.

Además, la normativa habilita al Gobierno a fijar un mecanismo que acredite el cumplimiento de las obligaciones del sistema. Este mecanismo estaría basado en la presentación de CAEs que resulten de las actuaciones de eficiencia energética que las empresas hayan realizado o promovido entre sus clientes finales.

De acuerdo con ello, el Ejecutivo emprende la regulación, vía Real Decreto, del sistema, para lo cual abre un proceso de consulta pública con el objetivo de recabar las opiniones de las partes interesadas y del conjunto de la ciudadanía.

La consulta previa, abierta hasta el próximo 12 de febrero, incluye siete preguntas en las que aborda cuestiones como las posibles ventajas y desventajas de un mecanismo de acreditación, el porcentaje de obligación anual de ahorro de energía que debería quedar acreditado por el CAEs, posibles barreras regulatorias o económicas o una estimación del potencial de ahorro de energía final derivada de la implantación del sistema de CAEs, entre otras.