El futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves, en Málaga supondrá un coste para Junta de al menos 810.000 euros al año

MÁLAGA, 4

La comunidad autónoma de Andalucía, como órgano responsable de la gestión del futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, asumirá los gastos derivados de la misma, lo que supondrá un coste para el Gobierno andaluz de al menos 810.000 euros al año.

Así queda recogido en el Proyecto de Ley de declaración de este parque, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes 2 de febrero y por el que se prevé su impacto normativo para los órganos competentes.

De este modo, los gastos de la gestión ordinaria y habitual del ámbito total del Parque Nacional correrán con cargo a los presupuestos andaluces por 810.000 euros al año para hacer frente a los costes de personal, gastos corrientes e inversiones.

En cuanto al personal, aunque el coste estimado asciende a 817.000 euros al año, la plantilla vinculada actualmente al paraje supone ya 509.000 euros, lo que hace caer la cifra a los 308.000 euros al año, según el documento consultado por Europa Press. El coste sigue disminuyendo, teniendo en cuenta que la relación de los puestos de trabajo estará cubierta al 50 por ciento al menos durante el primer y segundo año de funcionamiento. Así, el coste real será de 154.000 euros al año.

Por otro lado, para los gastos corrientes, tomando como referencia lo que suponen los dos parques nacionales andaluces, Doñana y Sierra Nevada, se estiman unos 293.000 euros por año. En el caso de las inversiones, se necesita adecuar las oficinas, dotar de mobiliario e informática, así como señalización del Parque Nacional, dotación de vehículos y vestuario, lo que supondrá 363.000 euros al año.

INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES

A esta cifra inicial, el Gobierno andaluz deberá sumar el abono de las indemnizaciones por las limitaciones en los bienes y derechos patrimoniales establecidas en el Parque Nacional que deriven del Plan Rector de Uso y Gestión y cualquier otra limitación que no provenga de la legislación básica en la materia o del Plan Director, pues estas últimas son asumidas por el Gobierno de España.

Este aspecto no es posible de estimar de manera previa, pues no está limitados los usos y actividades. Lo mismo ocurre en relación con las subvenciones, que se fijarán en los presupuestos de Andalucía, según el informe.

Por su parte, el Gobierno de España asumirá el pago de aquellas indemnizaciones que sí deriven de la legislación básica en materia de Parques Nacionales o del Plan Director siempre que no estén jurídicamente obligados a soportarlas.

Estas van dirigidas a las actividades vinculadas al aprovechamiento forestal y cinegético, constituidas antes de la declaración del Parque Nacional. Esto afectaría, según los datos de los que se dispone actualmente, a la Reserva Andaluza de Caza Serranía de Ronda (RAC), y una parte de los cotos de caza Sierra del Real y El Meliche .

En el caso de la RAC Serranía de Ronda, el aprovechamiento cinegético no prevé una indemnización significativa dado que se trata de una actividad deficitaria; mientras que los cotos van a ver disminuida su superficie: el primero pasa a la mitad de hectáreas, mientras que el segundo verá afectada su superficie en tan solo 58,77 hectáreas.

En los presupuestos generales del Estado también se incluirán, en el caso de que se establezcan, los instrumentos de cooperación financiera para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley, de acuerdo con la comunidad autónoma de Andalucía; la financiación para la participación del nuevo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en programas multilaterales de actuación; y la contribución a la financiación de las iniciativas de fomento del desarrollo sostenible. Todo ello, a través de la línea de subvenciones que se prevea en los presupuestos generales.

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves integra, dentro de sus 23.000 hectáreas de superficie y más de 75.000 hectáreas de zona periférica de protección, a un total de 14 municipios. Estos, podrán ser beneficiarios de subvenciones para el fomento del desarrollo sostenible y, si se cumplen los requisitos establecidos, tener derecho a indemnizaciones por perjuicio en sus derechos e intereses patrimoniales.