El Frob recupera 302 millones de euros por procedimientos penales contra entidades rescatadas
Las recuperaciones reconocidas a favor de la Autoridad de Resolución Ejecutiva (Frob) en pronunciamientos penales firmes contra entidades rescatadas se ha elevado a 302 millones de euros en 2023, frente a los 273 millones de 2022, según la Memoria Anual de Actividades que ha publicado hoy el organismo.
El Frob explica que ha continuado en 2023 con su «intensa labor» de persecución y penalización de conductas irregulares en operaciones de concesión de créditos relacionadas, esencialmente, con el tráfico inmobiliario en el seno de las distintas entidades de crédito que fueron receptoras de ayudas públicas en los procesos de reestructuración o resolución.
Así, en 2023, ha mantenido su personación en las causas penales que siguen pendientes contra «numerosos ex directivos» de distintas entidades y otras personas relacionadas», con el objetivo de «defender los intereses generales» y de recuperar los «mayores importes posibles» a través de aquellas cantidades que deban ser abonadas por los condenados en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos.
En el ámbito contencioso-administrativo, el Frob señala que en 2022 ya no había ningún recurso originado contra sus actuaciones en los procesos de reestructuración y resolución en la crisis financiera de 2012. En cambio, sí siguen su curso «múltiples recursos contencioso-administrativos» por su actuación en la resolución de Banco Popular en 2017.
En concreto, de los 275 recursos inicialmente interpuestos contra las medidas para aplicar la decisión de la JUR de resolución de Popular, sigue pendiente la tramitación de 212. «El resto han sido archivados durante los ejercicios 2022 y 2023, fundamentalmente debido a los desistimientos de los recurrentes», señala.
Sin embargo, los 212 recursos siguen suspendidos, en espera de que haya una resolución definitiva en los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), y que actualmente penden en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
