El fiscal superior de Extremadura espera que la causa contra García Ortiz se archive «por falta de responsabilidad»

MÉRIDA, 16

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha señalado que espera que el análisis de los teléfonos y los correos electrónicos ordenado por el juez del Supremo que investiga a fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sean «concluyentes» y el asunto acabe archivándose por «falta de responsabilidad».

Montero Juanes, que ha recordado que intervino como representante del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que posteriormente se inhibió por aforamiento ante el Tribunal Supremo, motivo por el que ya no interviene en este asunto, se ha referido así sobre la causa abierta contra García Ortiz por presunta revelación de secretos tras la denuncia presentada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En todo caso, ha señalado que mantiene la misma postura que entonces: «las filtraciones no pueden achacarse a los fiscales, o por lo menos no se ha demostrado aún», ha apuntado Montero Juanes, quien ha añadido que aquella nota de prensa que defendió como representante del Ministerio Fiscal y «no como abogado defensor de ninguna parte», era «perfectamente legal».

En declaraciones a los medios comunicación sobre esta cuestión, ha abundado que el Tribunal Supremo acabó determinado que «no vulneraba ninguna infracción penal» por lo que «decidió perseguir por el tema de las filtraciones».

En este sentido, ha señalado que sigue al tanto del procedimiento tras la adopción de una serie de medidas probatorias, cautelares, de intervención de teléfonos, correos electrónicos, entre otras, sobre las que aún no hay resultado, pero que espera que «sean concluyentes y que el asunto, al final, acabe archivándose por falta de responsabilidad».

«EXCESIVA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA»

El fiscal superior considera que hay una «excesiva judicialización de la vida política», de modo que «cuestiones que se están debatiendo en torno a procedimientos penales» están «fuera de su ámbito de acción, que sería el político».

«No se puede judicializar todo», ha abundado el fiscal superior de Extremadura, quien comparte la reflexión del propio Fiscal General del Estado con respecto a la «necesaria y urgente» reforma de la acusación popular que, como derecho constitucional, permite a cualquier persona constituirse en parte en un proceso.

Sin embargo, cree que «no es razonable» que haya procesos mediáticos actuales que tienen «nada menos que 10 acusaciones populares», por lo que se muestra partidario de restringir, limitar o delimitar «muy claramente» cuando «partidos políticos o asociaciones que no tienen demasiado que ver con los hechos se puedan constituir como acusaciones particulares».

En este sentido, ha señalado que «tiene que haber unos hechos punibles, concretos y determinados», y que el «imputado o investigado» tiene que saber «muy claramente» cuáles son los hechos por los que se investiga.

«Esto es un déficit de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual nos llevaría a la necesaria reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, pero esta es una cuestión un poquito más compleja», ha reconocido.

El fiscal superior de Extremadura ha abordado estos asuntos en respuesta a los medios comunicación tras la reunión mantenida con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, por la presentación de la memoria de actividades de 2023.