El fiscal rebaja a once meses la pena al acusado de una red de drogas pendiente de juzgar
El fiscal ha rebajado a once meses de cárcel la pena solicitada a un acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas que estaba pendiente de juzgar desde el pasado octubre.
La vista contra este procesado se ha celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Cantabria sin conformidad de las partes, como sucedió en otoño con el resto de encausados, aunque el ministerio público ha modificado sus conclusiones.
Así, ha interesado nueve meses de prisión por un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño -marihuana- y dos por pertenencia a grupo criminal, frente al año y nueve meses que reclamaba inicialmente, y al aplicar las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas, han informado fuentes judiciales.
Y al no habérsele aprehendido cantidad alguna de droga no ha pedido multa alguna para el procesado, que de acuerdo con la Fiscalía se dedicaba a custodiar hachís y también a realizar entregas, todo bajo las órdenes del cabecilla de la banda.
En el registro de su domicilio, en la localidad vizcaína de Baracaldo, se le intervinieron 3.450 euros procedentes del tráfico de drogas.
Los otros 21 procesados por pertenecer a la organización, que operaba en el Norte de España e introducía drogas en el centro penitenciario de El Dueso, fueron juzgados el pasado mes de octubre.
Pero este último implicado se encontraba entonces en paradero desconocido y no compareció en Salesas. Ahora, una vez localizado, se ha sentado en el banquillo, aunque no ha reconocido los hechos, como sí hicieron el resto de implicados, conformándose con penas inferiores solicitadas por la Fiscalía.
En concreto, aceptaron hasta tres años y medio de prisión y 150.000 euros de multa, lo que supuso, de media, una rebaja cercana a la mitad de lo inicialmente reclamado por la acusación pública, que interesaba hasta ocho años y ocho meses de cárcel y 600.000 euros.
Se aplicaron igualmente las atenuantes de dilaciones indebidas y toxicomanía a los implicados, de nacionalidad española y marroquí, investigados por varios delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, ilícito este último imputado solo al jefe de la banda y a su mujer.