El fiscal mantiene un año de prisión y 12 de inhabilitación al exalcalde de Noja por «dilatar» Nocanor
El fiscal del juicio contra el exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP) ha elevado a definitivas sus conclusiones en el caso Nocanor y ha mantenido así la pena solicitada para el principal acusado, de un año de cárcel y doce de inhabilitación para cualquier cargo de gobierno en las administraciones públicas por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios, por «dilatar» la concesión de licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire por parte de la citada promotora, la empresa familiar del actual regidor, el regionalista Miguel Ángel Ruiz.
Según la acusación pública, «está muy claro» que quien fuera primer edil de la Villa durante 27 años (1988-2015) intentó intervenir o participar en ese proyecto inmobiliario, que comenzó en 2006 con la compra-venta de la parcela, así como también «todo lo que se dilata» su desarrollo, hasta 2011 con la ejecución de parte de los inmuebles, tras no conseguir entrar en el negocio.
En esta causa, iniciada en 2015 a raíz de una querella de los concejales regionalistas interpuesta dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, también está imputado el secretario municipal del Ayuntamiento, como responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa por el que el ministerio público le reclama diez años de inhabilitación para el ejercicio de ese puesto.
Además de multa de 6.750 euros para el que fuera primer edil del Consistorio nojeño, el representante de la Fiscalía interesa que ambos procesados indemnicen de forma solidaria en la cantidad que se determine en sentencia por los perjuicios causados a la constructora, en la «ruina» según su administrador -y hermano del actual alcalde- debido al retraso de esta promoción.
El abogado de Nocanor , que ejerce la acusación particular, introdujo el tráfico de influencias y el cohecho en su escrito inicial, que ha modificado en esta última sesión del juicio, celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia.
Así, aunque mantiene los hechos, ha suprimido el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y ha sustituido el delito de cohecho (por el que pedía cuatro años de cárcel) por dos, cometidos en 2006 y en 2011, y penados cada uno de ellos con tres años, esto es, un total de seis solo por este tipo delictivo. A ellos suma 26 más de inhabilitación para el exalcalde -diez en el caso del secretario- y una indemnización de casi 13 millones a la empresa.
Por su parte, las defensas de los dos acusados han insistido en la libre absolución de sus respectivos patrocinados y el Ayuntamiento, –que ha seguido personado en la causa como responsable civil subsidiario, no como acusación particular que estaba en un principio– ha introducido los matices de cosa juzgada y prescripción en su escrito final de cara a esa reclamación.
