El fiscal del accidente de Castelar pide «justicia» y el principal acusado, una condena «justa»

El fiscal de la causa por el accidente mortal de la calle Castelar de Santander, en la que en febrero de 2023 murió un joven motorista, ha pedido este viernes a los miembros del jurado que tendrán que deliberar y determinar lo ocurrido que le ayuden a «hacer justicia», por la víctima «y, especialmente, por la seguridad vial de todos».

Así lo ha reclamado en la penúltima jornada del juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que el principal acusado, B.B., el conductor que colisionó con la motocicleta, ha pedido al tribunal que le condenen a una sentencia «justa», para expresar a continuación que «daría lo que fuera» porque el fallecido «estuviera vivo».

Ha sido durante el derecho a la última palabra, que el segundo implicado, A.B., ha declinado ejercer. Se enfrentan, respectivamente, a catorce y cuatro años de cárcel por homicidio y conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida -más otros delitos contra la seguridad vial- que pide para ellos el representante del ministerio público, que cree que la noche de los hechos ambos «se metieron en un tubo malo, maligno, que fue picarse uno con otro» y «la carrera que se echaron» a gran velocidad por la ciudad.

El fiscal solo imputa homicidio -con dolo eventual- al primero porque cree que no hizo falta que el segundo le «achuchara» para salirse de la vía, toda vez que, por ejemplo, entró a 136 kilómetros en la calle donde finalmente se produjo el choque, momento en el que circulaba a 97 km/h.

Sin embargo, la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima (tenía 19 años), discrepa de la pública en el sentido de que A.B fue cooperador necesario del siniestro y participó «de la misma manera» que B.B. en «el resultado final», de modo que si este último «no se pica», el anterior «no hubiera atropellado» al motorista. Por eso, les pide trece años y ocho meses y doce años y cinco meses de cárcel, por homicidio en concurso con un delito de conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás.

Mientras, las defensas entienden que lo ocurrido fue un homicidio por imprudencia grave, en el caso del principal encausado, cuyo abogado pide tres años de prisión, al considerar que no tuvo «intención» de matar a nadie y que para él no era un resultado «probable», sino «remoto». «Es muy fácil empatizar con la víctima» pero «empaticen también» con los procesados, ha pedido este letrado a los jurados, a los que ha expuesto calificaciones y peticiones de la Fiscalía por otros accidentes, como el de la rotonda de Corbán, el de Suesa o el de ciclista atropellado en Torrelavega, considerados todos ellos homicidios por imprudencia y penados por tanto con menos años de cárcel. «La vida de todo el mundo vale lo mismo», ha indicado, para reclamar «responsabilidad» al jurado y «no venganza».

Y el representante legal de A.B. ha admitido que el 3 de febrero de 2023 sobre las diez de la noche su circulación no era «reglamentaria» o «correcta», por lo que solicita seis meses de prisión por conducción temeraria, por exceso de velocidad y dar positivo en sustancias. «Pero de ahí a pretender involucrarle en un accidente mortal va un trecho muy grande», ha avisado este abogado, para quien está «fuera de lugar» la coautoría de su cliente, pues «no participó en modo alguno en el resultado fatal» ni tampoco en la «causación del accidente».