El exministro Arias-Salgado pide a Pedro Sánchez que retire la ley «para restaurar el consenso nacional»
Le afea que pretenda «imponer una verdad oficial, bajo el paraguas del presunto deber de memoria democrática»
El presidente de la Fundación Transición Española, Rafael Arias-Salgado, que fue ministro con Adolfo Suárez y después con José María Aznar, ha pedido al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que retire el proyecto de ley de Memoria Democrática «para restaurar el consenso nacional».
Arias-Salgado hizo esta petición por carta al jefe del Ejecutivo el pasado mes de julio y le solicitó una audiencia para tratar el asunto pero, según explica la fundación a través de un comunicado, ni siquiera ha recibido «un acuse de recibo» de Moncloa.
Según el exmnistro, la futura ley, que se espera esté definitivamente aprobada antes de final de año tras pasar por el Senado, hace una «tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica» del «pacto constitucional», lo que considera «inaceptable».
Desde su punto de vista, el texto redactado por el ministerio de la Presidencia tanto en su «orientación» como en su «contenido» es incompatible con ese pacto alumbrado en 1978 cuyo objeto, recalca, «fue la reconciliación nacional».
DINAMITA EL CONSENSO
«El perdón mutuo de los españoles y la voluntad de construir un futuro común de concordia fue el fundamento ético-político de la democracia a la que aspiraba el pueblo español», explica, a la vez que advierte de que la futura ley «dinamita la trayectoria de consenso» que se ha respetado desde la Transición.
Además, denuncia que la norma que amplía la vigente Ley de Memoria Histórica no atiende «a principios jurídicos básicos como son los de la legalidad y seguridad jurídica, que tienen por finalidad limitar o evitar la arbitrariedad».
Según la interpretación del exmnistro la ley pretende «revisar» los actos jurídicos y políticos que tuvieron lugar hasta el 31 de diciembre de 1983, con lo que «siembra una infame sospecha sobre la Transición».
SÍ APOYA EXHUMACIONES Y REPARACIONES A VÍCTIMAS
«La ley contradice el espíritu y la letra de la Constitución de 1978», resume, a la que vez que carga contra el Gobierno al que achaca «la pretensión de imponer una verdad oficial, bajo el paraguas del presunto deber de memoria democrática».
Eso sí, Arias-Salgado deja claro que fundación que preside respalda todas las acciones que puedan desplegar los poderes públicos «para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil» y «sus secuelas», así como a todas las «medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas».