El exdirector de Unidad de Vigilancia de CNMV dice que no dieron importancia a las noticias sobre el Popular
El exdirector de la Unidad de Vigilancia de Mercado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Sánchez Vilar reconoce que su departamento no habría dado la importancia suficiente a las informaciones publicadas en 2017 sobre la situación del Banco Popular.
Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que Sánchez Vilar, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha reconocido que no consideraron relevante la acumulación de posiciones cortas de diversos inversores durante el segundo trimestre de 2017.
Su función al frente del Unidad de Vigilancia de Mercado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consistía en analizar las noticias publicadas en los medios de comunicación y que pudieran derivar en una manipulación informativa o transaccional.
Con todo, tras ser preguntado por las informaciones publicadas y que dejaban entrever la situación de la entidad, Sánchez Vilar habría señalado al juez de la Audiencia Nacional que la unidad no seguía las noticias del día a día.
El responsable de la Unidad de Vigilancia de Mercado si que habría confirmado, según ha explicado la asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorro y seguros (Adicae), que debían investigar una posible manipulación de mercado, pero que lo que observaban entonces no pasaba de ser una mera toma de posiciones por parte de los inversores.
LA PRESIDENTA DE LA JUR, LA PRÓXIMA EN DECLARAR
Tras Sánchez Vilar, las próximas personas en declarar serán la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea, Elke König, y el que fuera director de planificación de la resolución JUR, Dominique Laboureix. Ambos testificarán el próximo 30 de septiembre a las 09.00 y las 11.00 horas respectivamente.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 preguntará a König por una declaraciones que realizó sobre el estado del Banco Popular a Bloomberg en mayo de 2017 y por una filtración a Reuters de ocho días más tarde relativa al riesgo de liquidación para la entidad, unas informaciones que «pudieron tener un impacto muy negativo en la liquidez del banco, alentando la retirada de depósitos de los clientes».
En relación con la declaración de Laboureix, el juez afirmó en un auto que fue el directivo que gestionó directamente la resolución del Popular. Además, su testimonio podría esclarecer cuestiones sustanciales de dicho proceso, así como proporcionar información sobre las filtraciones a la agencia Reuters.
El juez explicaba en el escrito que ambos testigos fueron los máximos protagonistas de la Junta Única de Resolución (JUR) que gestionaron la resolución del Popular a principios de junio de 2017. «Este Instructor está escrutando, entre otros ámbitos, el cómo y porqué una entidad aparentemente solvente –incluso para el supervisor(BCE)–sucumbe de forma abrupta a una insólita crisis de liquidez. Resulta necesario examinar determinados aspectos de la resolución que puedan aportar matices sustanciales a nuestra investigación», añadía.
En esta causa, Calama investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
