El ex de Justicia brasileño Sergio Moro ficha por una consultora que reestructura las cuentas de Odebrecht

Moro defiende su contratación afirmando que no llevará a cabo labores de abogacía ni actuará en casos en los que haya conflicto de intereses

El exministro de Justicia de Brasil Sergio Moro ha fichado por la consultora estadounidense Alvarez & Marsal, encargada de reestructurar las cuentas de Odebrecht, la constructora brasileña sobre la que lideró un mediático caso anticorrupción por la que varios cargos políticos fueron acusados e incluso enviados a prisión, como el expresidente Lula da Silva (2003-2011).

Moro había liderado desde 2015 la macrooperación Lava Jato , una red de sobornos a nivel estatal, cuyas redes se extendieron por todo Latinoamérica, antes de ingresar en el equipo de Gobierno de Jair Bolsonaro, del cual salió abruptamente en abril de 2020 tras denunciar los supuestos intentos de injerencia del presidente brasileño en la Policía Federal, con el fin de proteger a sus familiares y amigos de diversas investigaciones.

«Ingreso en el equipo de la renombrada empresa de consultoría internacional Alvarez & Marsal para ayudar a las empresas a hacer lo correcto, con políticas de integridad y anticorrupción», ha anunciado Moro en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que ha explicado que no ejercerá de abogado para la firma y no actuará en aquellos casos en los que exista «un potencial conflicto de intereses».

El fichaje de Moro ha generado cierta controversia en Brasil, ya que uno de los clientes de la consultora es el gigante brasileño Odebrecht, en pleno concurso de acreedores, señalado tanto en el país como en el resto del continente por la red de corrupción institucional que tejió durante las últimas décadas, y contra la cual el antiguo ministro de Justicia se mostró implacable cuando ejercía de juez.

Alvarez & Marsal ha emitido un comunicado congratulándose por la incorporación de Moro, pues se trata de un «especialista en la dirección de complejas investigaciones anticorrupción de alto perfil», como «crímenes de cuello blanco, lavado de dinero y crimen organizado», así como «en consultoría y estrategias para clientes que se enfrentan a complejas cuestiones de regulación».

Con más de cinco mil trabajadores en cinco continentes y varias oficinas en Brasil, Alvarez & Marsal está especializada en la reestructuración de empresas inmersas en dificultades financieras, crisis de administración judicial, o en aquellas que se hallan en concurso de acreedores, como es el caso de Odebrecht, que atraviesa por uno de los mayores procesos de reorganización judicial de la historia de Brasil, con pérdidas valoradas en más de 15.000 millones de euros.

Por su parte, la Orden de Abogados del Brasil (OAB), según ha adelantado este lunes la revista Época , solicitará a Moro aclaraciones sobre su nuevo trabajo para conocer cuáles serán exactamente sus funciones y si existen incompatibilidades legales.

UNA GASOLINERA DE BRASILIA, EL ORIGEN DE TODO

Hace cinco años, la Fiscalía de Brasil estaba investigando una trama corrupta relacionada con la estatal Petrobras, cuyo 64 por ciento pertenece al Estado brasileño, cuando comenzó a enfocar sus investigaciones hacia Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, quien había estado financiando a partidos políticos brasileños a cambio de contratos públicos.

La relación con Petrobras se descubrió en 2014, después de que las autoridades brasileñas descubrieran en una gasolinera de Brasilia, la capital, una casa de cambio desde la que se blanqueaba dinero.

Gracias a los testimonios aportados por varios empresarios de la constructora, a cambio de beneficios penales, la Fiscalía de Brasil dio comienzo a la detención de numerosos políticos del país, que a su vez se convirtieron en delatores para evitar entrar en prisión o penas mayores.

El Partido de los Trabajadores (PT) fue la formación política más salpicada, con centenares de sus miembros detenidos. Las autoridades judiciales denunciaron que Odebrecht y otras grandes constructoras se habían repartido las concesiones millonarias de Petrobras a cambio de dinero para el entonces partido gobernante y sus aliados.

Sin embargo, existen algunas voces que denuncian que las investigaciones se están sustentado únicamente en las delaciones, sin más pruebas que las mismas declaraciones de personas que cuando dieron testimonio estaban siendo investigadas por corrupción y accedieron a hablar a cambio de un trato favorable, no sólo en Brasil, sino también en otros países de América Latina.

Entre ellos se encuentra el exministro de Hacienda Antonio Palocci (2003-2006), de los pocos acusados de enriquecerse con estas prebendas y, precisamente, el principal testigo que tiene la acusación contra Lula. Al igual que otros implicados, Palocci selló un acuerdo de colaboración a cambio de información que pudiera implicar al expresidente y a otros miembros del PT.

En ese sentido, desde el PT denunciaron que Lula estaba sufriendo «una persecución política» desde que se hizo público que aspiraba a presentarse a las elecciones de 2018, a las que no pudo concurrir tras ser detenido, y finalmente condenado. El ganador de estos comicios presidenciales fue el ultraconservador Jair Bolsonaro, quien eligió a Moro como ministro de Justicia.