El Ejército informa de 18.800 militares muertos y 5.700 desaparecidos en el conflicto con la guerrilla

Los militares denuncian un doble rasero institucional entre víctimas civiles y uniformadas

Las Fuerzas Armadas de Colombia han elaborado un informe sobre el conflicto armado con la guerrilla en el que informan de 18.841 militares muertos, 5.707 desaparecidos y 316 secuestrados. En total incluye 269.573 víctimas, paradójicamente la gran mayoría de ellas aún no reconocidas oficialmente.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solo ha reconocido hasta el momento a 320 víctimas militares en los cinco años que han pasado desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), origen de la propia JEP.

«La verdad suele considerarse un campo de lucha, donde diversas verdades buscan imponerse como absolutas y/o legítimas. La memoria histórica, los derechos humanos o los discursos sobre ecología, victimización, medioambiente, desplazamiento humano, poblaciones en estados vulnerables y demás son utilizados como herramientas de lucha hacia determinados fines político», señalan las Fuerzas Armadas en su informe, al que ha tenido acceso la revista colombiana Semana .

El texto incluye la versión militar sobre el motivo de fondo para que surgieran las guerrillas y los paramilitares. «El gran problema con el surgimiento de los grupos guerrilleros y de autodefensas, como se planteó en el contexto, se da como consecuencia de la ausencia del Estado», señala.

Sin embargo, tampoco justifica las acciones de los paramilitares: «Sin medir el alcance de sus decisiones, permitieron que las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) se convirtieran en una medicina que nunca sanó, sino que por el contrario trajo mucha más desgracia y desorden a lo largo y ancho del territorio». Además, sitúa entre 1998 y 2004 el pico de la violencia.

Sobre los falsos positivos, casos en los que los militares presentaron a civiles asesinados como si fueran guerrilleros para la obtención de méritos, rechaza que se tratara de una política de la propia institución y denuncia casos de militares que están presos injustamente por este tipo de acusaciones.

La justicia colombiana investiga 6.402 casos de civiles asesinados entre 2002 y 2008. Sin embargo, un importante número de militares se ha acogido a la JEP, entre ellos varios generales retirados, incluidos varios que están en libertad pese a haber sido condenados en firme por los tribunales ordinarios.

ACUSACIONES CONTRA LAS FARC

En el duro informe militar se cuestiona el doble rasero frente a las víctimas como un intento de obviar a los miles de uniformados que sufrieron la violencia, «como si el uniforme les quitara su condición de ser humano».

Las Fuerzas Armadas denuncian, por otra parte, el extendido uso de menores de edad a partir de 10 años en las filas de la guerrilla. Los menores hacían inteligencia, vigilaban secuestrados, instalaban minas, hacían avanzadas para cometer emboscadas y estaban armados con fusiles.

Además reclama a la JEP que abra macrocasos por el uso de armas no convencionales por parte de las FARC, por el daño ambiental, homicidios colectivos en estado de indefensión, homicidios en estado de indefensión y violencia sexual.

En el caso de las armas no convencionales, la institución cuenta que una de cada cinco personas que activa una mina casera muere. Todas son fabricadas de una manera diferente y en muchos casos la onda explosiva por sí sola no genera todo el daño. Los ingredientes como cianuro o materia fecal hacen que la herida se infecte tan rápido que requiera múltiples amputaciones, lo que causa que quienes sobreviven padezcan daños irreversibles.

Según el documento del Ejército, el temor por las minas desencadenó 500.000 desplazamientos forzados solo en 1998. Sin embargo, el año en el que más víctimas por minas antipersonales hubo fue en 2006, cuando se registraron 1.228, la mayor cifra de la historia colombiana en un mismo año.